El Ministerio de Justicia ha reaccionado de manera fulminante tras las repercusiones generadas contra su anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal y ha procedido a su retirada, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas. La polémica que se ha desatado respecto a esta norma se ha debido a que contemplaba la posibilidad de gravar tributariamente a las víctimas de accidentes de tráfico por las indemnizaciones recibidas, en caso de que éstas se cobrasen como consecuencia de un acuerdo amistoso

Fernando Rueda nos comparte en 'La rosa de los vientos' la historia de diversos traficantes de armas que, de un modo u otro, mantienen algún tipo de contacto con la realeza española y las altas esferas del Gobierno de nuestro país.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) ha anulado Madrid Central, la medida estrella de la exalcaldesa Manuela Carmena, por “defectos formales” en la ordenanza de movilidad y por carecer de memoria económica. De esa manera, el Consistorio actual podría verse en la tesitura de tener que devolver cerca de 40 millones de euros recaudados a los 815.000 infractores que circularon con su vehículo por el centro. ¿Por qué? Las sanciones no tendrían fundamento jurídico y por ende, la devolución carácter retroactivo.

La iniciativa, registrada por Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y que incluye una enmienda transaccional del PSOE, indica que las ayudas deben ser para "jóvenes en situación de desempleo y con mayores dificultades económicas", que sean "compatibles con el subsidio de desempleo y otras ayudas de subsistencia", y que el Gobierno debe "buscar los mecanismos necesarios para que las ayudas se concedan con cargo a la recaudación que la Dirección General de Tráfico realiza en concepto de sanciones".