Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) ha anulado Madrid Central, la medida estrella de la exalcaldesa Manuela Carmena, por “defectos formales” en la ordenanza de movilidad y por carecer de memoria económica. De esa manera, el Consistorio actual podría verse en la tesitura de tener que devolver cerca de 40 millones de euros recaudados a los 815.000 infractores que circularon con su vehículo por el centro. ¿Por qué? Las sanciones no tendrían fundamento jurídico y por ende, la devolución carácter retroactivo.
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