El Ministerio de Justicia ha reaccionado de manera fulminante tras las repercusiones generadas contra su anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal y ha procedido a su retirada, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas. La polémica que se ha desatado respecto a esta norma se ha debido a que contemplaba la posibilidad de gravar tributariamente a las víctimas de accidentes de tráfico por las indemnizaciones recibidas, en caso de que éstas se cobrasen como consecuencia de un acuerdo amistoso
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