La bonificación fiscal anunciada produce que, en la práctica, extranjeros —y nacionales que hayan pasado «al menos cinco años viviendo en el extranjero»— puedan disfrutar de mejores condiciones para la compra de inmuebles, por ejemplo, que un madrileño o cualquier ciudadano español residente en Madrid. Atenta, por tanto, no solo contra el libre mercado —al establecer condiciones más favorables para unos compradores que otros—, sino también contra el sentido común y el bien ciudadano.
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