La lógica dictaría que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, el PSOE –mayoritario en el ejecutivo central y que eligió al ministro– y el PP –que rige el gobierno andaluz con mayoría absoluta y el ayuntamiento marbellí, séptimo mayor de la región– quisieran alejar de ellos cuanto antes estas dos sombrías figuras. Pero, en cambio, se enrocan en protegerlos.
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