Hace un año la cúpula judicial ganaba el pulso al Gobierno de Pedro Sánchez por la ley de garantía integral de la libertad sexual al negarse a aplicar una disposición del Código Penal con la que se hubieran evitado muchas rebajas de condenas a agresores sexuales. La negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía para el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes independentistas es la culminación, con un broche de insumisión, de la campaña política que desde el Alto Tribunal se ha exhibido con el tema del procés
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