El Ministerio de Trabajo y Economía Social se niega a que las sanciones de la Inspección de Trabajo sean públicas. Para ello, el departamento dirigido por Yolanda Díaz ha recurrido ante los tribunales una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¿El objetivo? No rendir cuentas sobre la actividad sancionadora de la Inspección de Trabajo, aunque, eso sí, de vez en cuando sí se filtren algunas multas, como la que recibió Glovo por importe de 79 millones de euros.
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