Según los datos estadísticos de Interior, entre 2010 y 2019 las delegaciones de Gobierno prohibieron más de 3.000 movilizaciones auspiciadas por sindicatos y comités de empresa. También se impidieron protestas "contra medidas políticas y legislativas" o por "temas nacionalistas". En esas mismas fechas, las autoridades toleraron innumerables actos ultras sin ningún impedimento.
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