El Tribunal de Cuentas, en su Informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por los ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus organismos autónomos, revela que «en el 24% de los contratos seleccionados no consta documento de formalización y en solo tres casos se observó falta de concreción en la definición del objetivo y la duración del contrato».
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