El Gobierno maneja informes jurídicos que permitirían limitar ese privilegio del Rey sin necesidad de tocar la Constitución. Las medidas de transparencia están congeladas y la Moncloa y la Zarzuela se achacan la responsabilidad de tomar la iniciativa. Esa decisión enviaría un mensaje rotundo y marcaría un antes y un después en el reinado de Felipe VI al renunciar a una prerrogativa que tiene su origen en el medievo, cuando las monarquías nacían del mandato divino.
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