En concreto, la resolución, que no es legislativa, insta a los Estados miembros a despenalizar el aborto (por ejemplo, en Polonia y Malta su práctica tiene fuertes restricciones), tacha su denegación como un “acto de violencia de género” y lamenta que los sanitarios puedan negarse a practicarlo amparándose en la “cláusula de conciencia”.
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