Se denuncia habitualmente el gasto desproporcionado que originan los derechos sociales: sanidad, educación, pensiones, etc. Lo que parecen olvidar es que esto puede aplicarse a todos los derechos y libertades reconocidos hasta el día de hoy. El derecho de propiedad sería imposible sin una legislación que la respaldara, sin un sistema judicial que velara por ella y sin unos cuerpos de seguridad del Estado que la protegieran. Los costes que originan los derechos y libertades reconocidos son asumidos desde las administraciones públicas...
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