Los 750.000 millones de euros prometidos por la UE en gastos de recuperación han sido un impulso para empresas de consultoría como Deloitte y PwC, contratadas para planificar dónde se dirigen los fondos. El creciente control de estas empresas sobre el gasto público no solo es antidemocrático, es una receta para la corrupción. Rel:
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