Antonia Correa es una de las miles de mujeres que cada año se ven obligadas a desplazarse cientos de kilómetros de su casa para poder ejercer su derecho al aborto. El Tribunal Constitucional ha condenado a la sanidad pública de Murcia a indemnizarla por no garantizarle este derecho. Una sentencia histórica que coincide con la posibilidad de que las políticas ultraconservadoras tomen el poder. Muy relacionada:
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