De víctimas a culpables. Todos los funcionarios, con cargo de responsabilidad o no, podrían tener que hacer frente a las pérdidas económicas causadas por un ciberataque contra el organismo para el que trabajan si cometen un error que dé vía libre a los delincuentes. Por sorprendente que parezca, esto ya ha ocurrido. Es el caso de Celia Maza, trabajadora de la EMT
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