La Comunidad Valenciana pone en marcha una oficina antifraude formada por 30 funcionarios que perseguirá la corrupción. El Consell aprueba este viernes su presupuesto de 1,5 millones de euros. Su misión será evitar delitos en las administraciones públicas y llevarlos a los tribunales. Contempla sanciones de 30.000 a 400.000 euros por negar información, dificultar investigaciones o realizar denuncias falsas. Su recién elegido director, Joan Antoni Llinares, destaca la protección al denunciante y que habrá un buzón para denuncias anónimas.
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