El Gobierno de Erdogan lleva meses lanzando operaciones secretas en el extranjero para detener y devolver a Turquía a miembros del movimiento opositor Gülen. El episodio se ha repetido en varios países: las autoridades locales se encargan de la detención, nadie es informado y las víctimas son trasladas directamente al aeropuerto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Moldavia por acceder a la deportación ilegal de cinco ciudadanos turcos "para que no tuviesen la posibilidad de defenderse".
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