Así, la sentencia declara que Consellería y Sergas “vulneran los derechos de los médicos de Atención Primaria y pediatras en materia de integridad física y salud”, e incumplen “con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, de valoración de la carga de trabajo de dicho colectivo y la evaluación de los riesgos de sus puestos de trabajo”.
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