La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, da la razón a los socialistas en tres de los cuatro motivos de nulidad que planteaban, al constatar que la normativa fue aprobada sin el informe presupuestario y el estudio ambiental pertinentes, además de no permitir un periodo de información pública para las ordenaciones conjuntas.El tribunal autonómico echa en cara al Ayuntamiento de Madrid que no incorporara a la normativa un estudio de impacto ambiental, cuando esta afectaba a aspectos como “la protección del medio ambiente urbano
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