El Tribunal de Cuentas plantea abordar "con urgencia" en el marco de los Pactos de Toledo la insuficiencia de las transferencias del Estado a la Seguridad Social para la cobertura de los gastos que deben ser financiados por la Administración General del Estado (AGE), como las prestaciones no contributivas y universales, que a su juicio deberían provenir de la imposición general y no de las cotizaciones.
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