La investigación policial, en estrecha relación con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, ha puesto de manifiesto que, mediante la creación de un entramado empresarial, se hacían llegar a los solicitantes de ayudas PAC la posibilidad de arrendamiento de parcelas para cumplir con los requisitos exigidos en hectáreas y obtener la ayuda solicitada. Los derechos de arrendamiento se ejecutaban sobre terrenos cuyos legítimos propietarios no habían cedido derecho real alguno siendo, en todos los casos, desconocedores de su utilización
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