Abierta por un Juzgado de Barcelona a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos, el grueso de la investigación lo componen ocho operaciones de compra y venta de solares realizadas por una inmobiliaria desaparecida (Cipsa) en diversos municipios de Cataluña entre los años 2006 y 2007, tras llegar a acuerdos con Caja España y otras cuatro entidades financieras también desaparecidas y fusionadas.
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