El Consejo de Ministros ha remitido al Congreso de los Diputados, donde deberá reunir los apoyos necesarios para ser aprobado, el veto a los despidos automáticos ante incapacidad sobrevenida. La principal novedad que el Ejecutivo ha introducido en la misma durante la audiencia pública es que los trabajadores afectados por una incapacidad sobrevenida y que quieran seguir trabajando podrán cobrar una prestación pública durante los tres meses que tienen por ley sus empresas para adaptarles el puesto de trabajo.
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