La aseguradora británica se resiste a pagar: no se presentó a las sesiones del juicio y se ha blindado en Reino Unido ante posibles reclamaciones directas. El sistema judicial inglés y el Brexit ponen en peligro que el Estado y las empresas perjudicadas cobren esa indemnización. Algunos perjudicados reclaman al Gobierno que pague las indemnizaciones a particulares y les exima de acudir a Reino Unido.
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