El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado este lunes discriminatorio que un Estado miembro exija a un residente de larga extracomunitario haber residido al menos una década en su territorio para acceder a medidas de la seguridad social, de asistencia social o de protección social; cuando las normas de la UE establecen un periodo de cinco años de residencia legal e ininterrumpida para optar a la residencia de larga duración y, por tanto, tener derecho a la igualdad de trato.
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