El tribunal vuelve a ponerse del lado del sistema financiero al omitir establecer con claridad las condiciones de gestión y de cobro de los fondos de jubilación y al evitar determinar qué información tienen derecho a recibir los ahorradores.La Sala de lo Civil del Supremo ha evitado imponerle a la banca unas reglas claras para gestionar los ahorros que sus clientes depositan en fondos de pensiones y se ha limitado a establecer que las entidades financieras deben informarles “de manera expresa y con claridad del riesgo que entraña” en caso de
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