El Tribunal Supremo ha acordado imponer una fianza de 12.000 euros a Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda para ejercer la acusación popular en caso de que admita a trámite su querella contra Juan Carlos I por las supuestas irregularidades sobre su patrimonio. Esta acción se dirige también contra otras siete personas, entre las que están su examante Corinna Larsen, el comisario José Manuel Villarerjo o el ex director general del CNI Félix Sanz Roldán a los que atribuyen delitos
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