La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad por el impuesto a la producción de energía que aprobó el Gobierno en el año 2013. El Alto Tribunal, que desestimó una primera demanda en el año 2014, ha acabado por atender el recurso de casación interpuesto por la empresa recurrente, Iberdrola. El impuesto genera una recudación de 2.700 millones al año y es clave en la reducción del déficit del sistema eléctrico.
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