Los hechos se descubrieron en marzo de 2016 y se inició la investigación por la localización del emisor de seguimiento que llevaba el águila imperial hallada muerta, una especie de rapaz en peligro de extinción. Ante las sospechas de que estuviera envenenado, intervino la Unidad Canina especializada en detección de venenos de la Guardia Civil, con el Seprona, agentes el Medio Natural de Extremadura y técnicos de Medio Ambiente que realizaban el seguimiento del ave.
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