En los últimos años las quejas y reclamaciones alrededor de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) plantean un problema de fondo más complejo. ¿Estamos ante un examen que sigue los criterios de igualdad para nuestros estudiantes? ¿Hay una diferencia entre comunidades autónomas lo suficientemente expresiva como para llevar a cabo una prueba única?¿Hasta dónde el nivel socioeconómico de los alumnos influye en el resultado final?
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