Varios informes técnicos encargados por el Gobierno de Lakua han constatado que el vertedero de Zaldibar presenta «riesgos ambientales severos» a causa de los peligros que encierran los restos del colapso, pero también por los escasos trabajos de mantenimiento realizados, que hacen que la masa de residuos acumulada sea muy vulnerable.

El lunes se cumplirán tres años desde el desprendimiento del vertedero de Zaldibar que provocó la muerte de los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. La investigación sigue su curso en el juzgado de Durango.

La liquidación de Verter Recycling, gestora del vertedero de Zaldibar, está trayendo cola. Según la documentación a la que ha tenido acceso Hordago-El Salto, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha estimado parcialmente un recurso de la empresa para impugnar “los créditos reconocidos al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento”. Esto es, la empresa no quiere hacer frente al pago del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. El juzgado ha estimado, en parte, su alegación al entender que la reclamación del pago, impugnada por la empresa

Dos de los funcionarios intervinieron en una modificación de las condiciones del vertedero en 2011 y el tercero en una inspección en 2017. También cita como investigados a 5 trabajadores de la ingeniería Geyser HPC

La sanción por "infracción muy grave" se adopta tras constatar que Verter Recycling no tomó las medidas para evitar que murieran Beltrán y Sololuce pese a tener constancia de que había un "riesgo inminente de derrumbe"

El Juzgado de Instrucción número 1 de Durango dictamina que el informe de los geólogos de Lurtek Consultores remitidos al Gobierno Vasco fue modificado hasta en tres ocasiones, siempre al alza, para negar los efectos negativos de la explotación del vertedero por parte de la empresa, quien alcanzó un beneficio neto de 3,8 millones dos meses antes del derrumbe.

Tras la catástrofe, la empresa exigió a la Mancomunidad de Debabarrena la devolución de una fianza depositada como garantía de un contrato que no podía cumplir desde febrero del 2020. La gestora del vertedero había recibido cientos de miles de euros en contratos públicos de esta entidad pública. Otra de las entidades públicas que adjudicó contratos a Verter Recycling era la Mancomunidad de Debabarrena, entonces presidida por Arcadio Benítez, un exedil del PSE del Ayuntamiento de Eibar.

Los documentos a los que ha accedido Hordago-El Salto en exclusiva muestran que Verter Recycling aprovisionaba dinero para la futura rehabilitación del vertedero y reconocía la sobreexplotación de su vida útil. A lo largo de su actividad, la empresa superó los 15 millones de euros en beneficio neto.

Los vecinos honraron a las víctimas del derrumbe del vertedero. A pleno pulmón, también gritaron “Tapia, Arriola erantzukizuna” e incluso una canción diseñada expresamente para conmemorar a las víctimas y exigir respuestas a los responsables en el Gobierno Vasco.

Los delitos ambientales graves con muertos salen baratos en España. Los dueños y accionistas del vertedero de Zaldibar, donde perdieron la vida dos trabajadores, no pisarán la cárcel. Además, para eludir las responsabilidades que les acarrea el desastre ambiental causado, Elena Susaeta Barinaga y Arrate Bilbao Barinaga, sobrinos del fundador de la sociedad, Ignacio Barinaga, disuelven Verter Recycling 2002 SL, propietaria del vertedero. Con esta estratagema pretenden irse casi de rositas después del inmenso dolor causado a los familiares de....

Tres responsables de Verter Reciclyng han aceptado una pena de seis meses de prisión por la muerte de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze en el vertedero de Zaldibar. Han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y las familias para no entrar en prisión, aunque este debe ser ratificado en sede judicial.

Los tres gestores de Verter Recycling acatan la pena por el homicidio impudente de los dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze

"Nos quieren dejar fuera porque no tienen ningún interés en aclarar lo que realmente pasó", denuncian

El Ayuntamiento de Zaldibar ha emitido un comunicado este viernes tras la decisión del Gobierno vasco de abandonar la búsqueda de Joaquín Beltrán en el vertedero de la localidad. En un texto emitido por el Consistorio, el ente municipal pide al Ejecutivo autonómico que reconsidere su decisión y "si existe una mínima posibilidad siga buscando a Joaquín hasta agotar todas las posibilidades".

Quince meses después del derrumbe del 6 de febrero de 2020, el Gobierno vasco da por finalizadas las labores de búsqueda en el vertedero de Zaldibar sin que haya aparecido el cadáver del segundo de los trabajadores sepultados, Joaquín Beltrán. Los restos de la otra víctima, Alberto Sololuze, aparecieron en agosto del año pasado. A finales de abril se inició el rastreo en la última de las zonas que se consideraba en que podía aparecer el cuerpo. Las autoridades han comunicado ya esta decisión a la familia de Beltrán,

La búsqueda de Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldibar cesará el próximo mes de mayo, en caso de que no se encuentre el cuerpo en la última “zona caliente”. Antes, no obstante, un amplio operativo rastrillará 15.000 metros cúbicos de residuos en toda esa zona, en la que se encontraba el vehículo del operario cuando se produjo el derrumbe.

El Ejecutivo autonómico rechaza enviar al Parlamento un informe elaborado por técnicos de las universidades de Barcelona y Cantabria sobre las causas de la rotura. Siguiendo lo indicado por la Fiscalía, únicamente permitirá que un representante de EH Bildu acceda al estudio en la sede principal del Gobierno, evitando así que el texto adquiera carácter público

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insinuado este lunes que, si la Unidad Militar de Emergencias (UME) hubiera intervenido en las tareas de recuperación del cadáver de Joaquín Beltrán, su cuerpo quizás no seguiría en el vertedero de Zaldibar

La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu, Pilar Garrido, ha denunciado que un año después del derrumbe del vertedero de Zaldibar, que sepultó a dos trabajadores, el Gobierno Vasco sigue "sin asumir su responsabilidad política por este desastre". En un comunicado, ha criticado además que lo único que ha hecho el Ejecutivo es "escurrir el bulto y volcar toda la responsabilidad en la empresa Verter Recycling, a pesar de que la UE investiga al Ejecutivo por su nefasta gestión".

“La causa está yendo terriblemente lenta. Mientras, la Administración ha hecho lo que ha querido sin control judicial”, valora el letrado de la acusación popular ejercida por Ekologistak Martxan.

La catástofre medioambiental de Zaldibar fue una de las mayores sufrida en Bizkaia en los últimos años. Según un reciente expediente publicado por el Gobierno Vasco, hay daños significativos en las aguas superficiales, en las aguas subterráneas y en los suelos de la zona. Se habló de la mala gestión de residuos por parte de la empresa propietaria, se cuestionaron las inspecciones que no detectaron ninguna irregularidad, y hubo quien destacó la necesidad de reflexionar sobre la cantidad de residuos que todos generamos.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Durango ha admitido a Ekologistak Martxan y otras siete entidades como acusación en el caso por el derrumbre del vertedero de Zaldibar, en el que quedaron sepultados dos trabajadores, y ha iniciado la causa, casi un año después, «por presuntos delitos ambientales». Las diligencias por «delito laboral» ya estaban en marcha.