Más de 500 inquilinos en un bloque del suburbio de York South-Weston, en Toronto, Canadá, comenzaron una huelga total de alquileres en protesta por los excesos en los incrementos de renta por parte de la empresa propietaria del edificio, Dream Unlimited. Un mes más tarde, el 1 de julio, 100 vecinos más de un bloque aledaño, en 22 John St, se sumaron a la huelga. A un año de aquel hito, los vecinos continúan en huelga, con victorias en su haber y sin ningún desahucio de huelguistas. La unión, y los números de gente participando, hacen la fuerza.

La negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Vodafone España se ha intensificado. Los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y STC, han anunciado la convocatoria de huelgas y paros parciales en todos los centros de trabajo de la operadora en julio, en respuesta a la propuesta del fondo británico Zegona, que consideran «injustificable».

Delegados sindicales de CCOO, UGT, CSIF, SIAT y CIG llevan acampados varios días en la sede de la Agencia Tributaria reclamando que se descongele el acuerdo de carrera profesional que les impide mejoras retributivas y de promoción de escalas

Hablamos de una situación demasiado tiempo enquistada, lleva más de dos años prácticamente en punto muerto. De una situación provocada por la falta de una verdadera voluntad de las organizaciones patronales por mejorar las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y trabajadores, así como, por la tibia postura de los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) durante la negociación del convenio.

La negociación entre la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos por la reducción de la duración de la jornada laboral aspira a ser uno de los grandes cambios legislativos del año en materia laboral. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, permitió una negociación a dos bandas a sabiendas de la complejidad de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. No obstante, según revelan fuentes cercanas al diálogo social a elEconomista.es, en las escasas reuniones mantenidas durante los últimos meses no se

La legalización del cannabis es un debate viejo entre la ciudadanía que sigue vigente. También en otras instancias, pues no ha llegado a la mesa política ni al debate público. Sin embargo, numerosos grupos sociales y sindicatos reivindican su legalización. Uno de ellos es el sindicato Agrupación Reformista de Policías (ARP), que señala que con ello "se mejoraría la calidad y se acabaría con el mercado negro, además de liberar a muchos policías".

Decenas de miles de estudiantes pasarán por la pesadilla de presentarse a las pruebas de la EBAU las próximas semanas. Desde el Sindicato de Estudiantes, un año más, queremos denunciar estos exámenes injustos, arbitrarios, clasistas y que perpetúan una Universidad para la élite. El estrés al que nos enfrentamos las y los estudiantes que nos presentamos a la EBAU es más que conocido. Esta ansiedad puntual por los exámenes se suma al ya de por si dramático crecimiento de los trastornos y enfermedades mentales entre la juventud.

Un importante sindicato que representa a decenas de miles de empleados del gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics anunció el miércoles que sus trabajadores irán a la huelga por primera vez, lo que podría poner en peligro las principales cadenas mundiales de suministro de semiconductores. Un portavoz declaró que los miembros del sindicato, en torno al 20% de la plantilla de la empresa, es decir, 28.000 personas, harían uso de sus vacaciones anuales para hacer huelga durante un día el 7 de junio, dejando la puerta abierta a una posibl

Diversas organizaciones exigen acabar con la ley que les prohíbe afiliarse a sindicatos interprofesionales y de clase porque no están formados exclusivamente por policías. En ARP sostienen que más del 90% de las organizaciones sindicales de la Policía Nacional ya están vinculadas a la extrema derecha. "Hay que cambiar esto con la presencia de los sindicatos de clase para que haya neutralidad y una responsabilidad sindical. Hay una necesidad imperiosa de reformar esto por el bien del país, de los contribuyentes.

El fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha manifestado en su informe final del juicio contra la cúpula de UGT-A que el sindicato usó de modo «genérico» su «mecanismo de facturas falsas» hasta convertirlo en una herramienta «transversal».Soto dice que hay «indicios sobrados» de que implantaron «un mecanismo de facturación falsa para defraudar a la Administración» andaluza y critica que una organización destinada a «defender y ayudar a trabajadores y desfavorecidos actuasen de esta manera y costeasen incluso «fiestas» con cargo a fondos públicos

El País Vasco concentró en 2023 el 46% del total de huelgas convocadas en España. Un dato especialmente llamativo si tenemos en cuenta que la Comunidad Autónoma Vasca representa sólo el 5% del total de la población española.

Con un seguimiento que supera el 65%, la primera jornada de huelga del profesorado madrileño transcurre entre piquetes y marchas por todos los puntos de la Comunidad de Madrid para exigir que se reviertan los recortes que permanecen desde la época Aguirre.

Más allá del enorme fraude fiscal, quienes tienen las rentas y patrimonios más altos suelen elegir dónde pagar sus impuestos. Algo que es impensable para las rentas del trabajo. Pero lo realmente preocupante es lo poco que tributan las y los más ricos en Navarra.

Tras conocerse que Trabajo mantendría finalmente la cotización de los mayores de 52 años al 125%, una exigencia de Podemos, que también compartían los sindicatos, Belarra celebró que el Ejecutivo “haya rectificado”. “Una vez más se demuestra que pelear y hacer ruido sirve para seguir avanzando en derechos”, dijo a través de un mensaje en su cuenta de X. El Gobierno consideraba que mantener esa sobrecotización, que se justificó en su momento por el bajo importe del salario mínimo interprofesional, generaba, con las últimas subidas del SMI, “disf

Las cuotas de afiliación sustentan mayoritariamente a los sindicatos, situación que difiere de la europea, donde las aportaciones de los estados suelen ser mayores. En 2023, los sindicatos recibieron 17 millones de euros como aportación estatal que se repartieron en función de su representatividad, medido por el número de delegados sindicales, beneficiando principalmente a CCOO (5,28 millones) y UGT (4,7 millones), seguidos muy de lejos por USO (611.000 euros), CSIF (570.000), ELA (480.000) o CGT (308.000).

Las dramáticas imágenes que pudieron verse en los medios de comunicación tras el 2 de mayo debieron ser argumento suficiente para que tanto desde el Gobierno ucraniano como de sus aliados se produjera un cambio. Sin embargo, al igual que en Maidan, la muerte se convirtió en argumento de escalada, no de necesidad de impedirla. En ese sentido, si la centuria celestial fue el detonante último del golpe de estado, las 50 muertes en la Casa de los Sindicatos de Odessa fueron solo el preludio de la guerra.