La ocupación de inmuebles, una práctica cada vez más frecuente y que los que sus responsables justifican con los más dispares argumentos, se ha convertido en un grave problema para las administraciones públicas, pero sobre todo para las familias afectadas, que en muchos casos han tardado años en recuperar su vivienda debido a la burocracia judicial. Algunas comunidades, como la de Madrid, se han visto incluso forzadas a facilitar un piso de protección oficial a los ciudadanos que se han quedado sin su única residencia por haber sido usurpada.