Hace 15 días José María Macías, vocal ultraconservador del CGPJ, comparaba a los jueces progresistas con los regímenes comunistas, llamaba ignorantes y cínicos a diputados del PSOE y negaba estar caducados. Ayer fue elegido magistrado del TC a propuesta del PP. Todo en orden

Entre la información a la que supuestamente tuvo acceso Prado, se alude a teléfonos intervenidos de cargos populares, a la imputación por fraude fiscal de Conde Roa, e incluso de una comida con varios magistrados en la que participaría el abogado y a que éste conocería por esta vía la existencia de las fotografías del presidente, Alberto Núñez Feijóo, con el contrabandista Marcial Dorado, antes de su publicación.

«Hay que dejar de llamar accidente cuando alguien que conduce bajo la influencia del alcohol o de las drogas, sabiendo que no está en condiciones para hacerlo, mata a otra persona. Y hay que dejar de calificarlo penalmente como homicidio imprudente para convertirlo en homicidio vial, como ya han hecho otros países de nuestro entorno, como Francia o Italia».

El PP —que lleva meses criticando al Gobierno por cuestionar la existencia de un delito de terrorismo en la investigación del caso Tsunami y por los señalamientos de los partidos independentistas a jueces concretos— acumula un largo historial de ataques a fiscales, magistrados y policías que han puesto contra las cuerdas a la formación. Aquí, una muestra:

El magistrado descarta el argumento del demandado al entender que la relación familiar con sus padres no le otorga título de derecho para el uso de la vivienda.

"Nadie niega que las drogas sean peligrosas. Por supuesto que lo son. Y precisamente por ello deben ser legales, para que puedan ser reguladas por los gobiernos y dejen de estar en manos de los delincuentes, a quienes no les importa la salud". José María Asencio Gallego, magistrado, profesor universitario y escritor.

No podrán los Jueces o Magistrados dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos.

Si en una sala hay tres magistrados y dos de ellos votan a favor de rebajar penas a violadores y una tercera vota en contra, quienes rebajan la pena a ese violador son dos jueces y no la ley.

Desde diciembre de 2018, cuando caducó el mandato del CGPJ, hasta el día de hoy, el PSOE siempre ha tenido en su mano arrebatarle de forma democrática al PP su minoría sediciosa de bloqueo. La operativa es muy sencilla. De los 20 vocales que hay que elegir para conformar el CGPJ, el artículo 122.3 de la Constitución establece que 12 deberán ser "Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales", mientras que los restantes 8 podrán ser "abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio.

Los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional (TC) han sostenido que la pasada legislatura se constituyó "a espaldas de la legalidad parlamentaria" por las "extravagantes" e "ininteligibles" fórmulas usadas por los diputados independentistas para acatar la Constitución, según plasman en dos voto particulares para desmarcarse de la sentencia aprobada por la mayoría progresista, que avaló dichas fórmulas.

Tras una entrevista en Cuatro, sobre la posible aplicación de la figura del fraude de ley a situaciones de la Ley Trans, se me han pedido aclaraciones sobre mi punto de vista. Voy a intentar explicarlo, porque leo interpretaciones que no se ajustan a lo que pienso.

Según el atestado, al que ha tenido acceso El Mon, el inspector de policía José Ángel Fuentes Gago, " mayordomo" de la policía patriótica y nexo entre el comisario José Manuel Villarejo y Eugenio Pino, fue quien recogió De Alfonso en el Hotel Hesperia del paseo de la Castellana de Madrid para conducirle a la reunión con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el 16 de octubre de 2014, fecha en la que se grabó. Así lo indican los posicionamientos telefónicos de su móvil aportados por los investigadores.

Uno de los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia de València que juzgará el caso Erial, en el que están procesados los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y diecisiete personas más, estuvo investigado por un presunto delito de cohecho en los años 90 del siglo pasado. La investigación al magistrado se inició en 1996 tras la denuncia de un conocido abogado de València. Ambos han vuelto a reencontrarse ahora en los preparativos del juicio del caso Erial. El magistrado ha sido designado ponente de la sent

Se trata de la misma sección de lo penal que el pasado 14 de diciembre tumbó, tras casi seis años de instrucción, la causa del blanqueo de capitales para los cincuenta exconcejales y exasesores del PP del Ayuntamiento de València sobre los que ya se había decretado la apertura de juicio oral. El Partido Popular como persona jurídica también estaba acusado en esta subpieza del caso Taula, que acabó archivada.