Durante la presentación de "Tierra Firme", el presidente del Gobierno aprovecha el evento para lanzar mofarse de la figura de Francisco Galindo Vélez, quien supervisará las negociaciones entre el PSOE y Junts

"No necesitamos un intermediario entre un prófugo de la democracia llamado Pedro Sánchez (presidente de Gobierno) y un prófugo de la justicia llamado Puigdemont (líder de Junts)", ha reprochado el alcalde.

Uno de los puntos del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez entre Junts y PSOE es que ambos partidos tienen que mantener reuniones constantes. Esta semana, ambas formaciones han anunciado que el primero de estos encuentros será este sábado 2 de diciembre en Ginebra. En la ciudad suiza estarán por parte del PSOE, el secretario de organización, Santos Cerdán, que ya fue el encargado de negociar la investidura, y Junts estará representado por su líder Carles Puigdemont.

Desvelada la fecha, solo se conoce que una organización internacional independiente mediará el conflicto y, sin confirmarse hasta el momento cuál será, todas las miradas señalan al Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant, que certificó el fin de la existencia de ETA en 2018. El presidente del Gobierno, preguntado por esta cuestión en RTVE, solo ha revelado que los partidos están aún decidiendo entre dos intermediados

La magistrada cita a Cristian Mauricio Lillo, Gemma de los Ángeles Venegas, Jesús María Pérez y Maximiliano Poveda. Además, acordó la prórroga de la instrucción seis meses más.

La juez del caso Mediador está centrando la investigación del caso en el que aparece como principal imputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como Tito Berni, en los contactos económicos de los investigados. Entre las últimas decisiones acordadas por la encargada de investigar la trama de corrupción del Partido Socialista en Canarias, están medidas habituales en estos casos como investigar las actividades bancarias de los implicados ya sean sociedades como personas físicas.

Alicia Vanoostende, que fue consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, fue informada por correo electrónico y por conversaciones directas, de las gestiones que se estaban realizando en su departamento para reducir una propuesta de sanción a la quesería del empresario Alberto Montesdeoca, uno de la veintena de investigados en el llamado caso Mediador.

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la libertad provisional con medidas cautelares para el general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa, quien permanecía hasta ahora en prisión por el conocido como 'caso Mediador', al entender que el riesgo de fuga es muy bajo y que en este momento no existe riesgo de alteración o de destrucción de pruebas.

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La Fiscalía Europea ha reclamado la investigación de esta parte del caso al estar el proyecto financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), de la que era máximo responsable el exgeneral. Con este traspaso de competencias, el organismo comunitario pasa a ser también la autoridad competente para resolver sobre su situación personal, esto es, para decidir si mantiene o no al general en la actual situación de prisión preventiva.

El Congreso no guarda registro alguno de las personas que visitaron al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni', señalado como supuesto cerebro del caso Mediador. Según el sumario Berni utilizaba el Congreso para sus actividades al frente de la presunta organización criminal. La Cámara destruyó la información sobre quiénes se citaron con él. Lo hizo con base en la "normativa vigente", alegan. Los datos estuvieron "custodiados" por los servicios de seguridad pero el Congreso no ha explicitado la "normativa vigente" aludida

La defensa del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, investigado en el 'caso Mediador', ha vuelto a solicitar a la jueza instructora que deje en libertad a su defendido, el único que permanece en prisión preventiva, alegando que no puede alterar pruebas en el procedimiento dado que es un "cadáver social" con nula capacidad de incidencia sobre nadie.

La última revelación política del caso de Tito Berni afecta nada más y nada menos que al portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.

La trama 'Mediador' prometía privilegios en materia de contratación pública, subvenciones y sanciones a determinados empresarios a cambio de un «peaje» de al menos, 5.000 euros. Los hombres de negocios debían afrontar los gastos de algunos encuentros con esas personas a las que se suponía estaban pagando por un despliegue de sus influencias. Son dos en el punto de mira, el ya exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y el general de División de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa.

La magistrada Ángeles Lorenzo-Cárceres, acordó citar en calidad de testigos a Adelaida P., la mujer a la que el mediador Antonio Navarro Tacoronte y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa llamaban 'chocho volador'. También convocó al piloto y empresario Luis Monzón. 'Chocho volador' mantenía una relación extramatrimonial con el general Espinosa desde hacía años y este ofreció a varios empresarios que la contrataran en puestos de dirección con un sueldo de 3.000€ mes. Por su parte Monzón aparece en mensajes y grabaciones del mediador

El general jubilado Francisco Espinosa Navas, uno de los principales investigados del caso de corrupción conocido como Mediador y único que hoy por hoy se encuentra en prisión provisional, se embolsó más de 200.000 euros en cuatro años, tal y como consta en sus agendas donde apuntaba su dinero A y dinero B y que halló la policía durante el registro de su domicilio el pasado 14 de febrero.

La jueza de Madrid investiga en el llamado ‘caso Cuarteles’ una presunta red de corrupción en las reformas de los acuartelamientos, donde se habrían producido irregularidades en las adjudicaciones en las obras de 13 comandancias de toda España entre los años 2008 y 2019. Según estimaciones de la investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil que obra en poder de la jueza, las empresas de Mon, entre las que se encuentran Angrasurcor,S.L. y Solocorcho, S.L., habrían conseguido alrededor de 200 contratos por un importe de 3,3 millone