La madre de Mari es una de las que ha recibido el aviso de desahucio, pese a que cuando ha acudido al juzgado le han comunicado que no atendiese la petición del escrito. Así, las denuncias presentadas por el policía local multado junto a su abogado por impagos de los contratos ilegales que él mismo ofrecía, están prosperando y se han cobrado ya su primera víctima...

Se hace pública la sentencia contra los dos compañeros represaliados que han tenido el respaldo de la asamblea y grupo de apoyo "Juntas lo paramos todo. Ni desahucios ni represión". Ahora sí, definitivamente acaba este proceso represivo contra ambos compañeros que se inició en 2020 en Astillero en el contexto de una movilización antidesahucios y que el pasado 14 de noviembre concluía con un juicio en el que los compañeros tuvieron un fuerte arrope colectivo en una jornada de lucha.

Martes 10 de abril de 2018, once y media de la mañana en una calle vigilada y lluviosa de una de las urbanizaciones más importantes de Madrid. Ese era el día, la hora y el panorama en que, según la orden de desahucio del Juzgado de Primera Instancia de Alcobendas, la hija del marqués de Larios, Sandra Fernández de Villavicencio (30 años), y su hijo Kenzo debían desalojar su casa de La Moraleja después de varios meses de litigios.

Juana Vacas tiene una pensión que ronda los 400 euros y la casa en la que vive. A sus 74 años ha perdido la mayoría de sus tesoros: su esposo y tres de sus cuatro hijos. Al marido se lo llevó la enfermedad; a dos hijos varones, la droga. A su hija la mató un hombre, su ex marido, condenado a 22 años y medio por asesinarla (la sentencia ha sido recurrida). Además del dolor, la mujer ha heredado las deudas del agresor de su hija. El 26 de junio se celebra el juicio para pedir la nulidad de la herencia. Si lo pierde, perderá su casa.