La falta de médicos penitenciarios ha llevado en el último año y medio a los directores de, al menos, cinco cárceles a licitar concursos para contratar servicios privados para la atención primaria de sus presos. Se trata de las prisiones de Cuenca, Cáceres, A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Mallorca, que acogen en conjunto a algo más de 3.300 reclusos y que desembolsarán por estos contratos un total de 200.000 euros.

Menos presos, más gasto en seguridad privada. Mientras el número de internos en los cárceles españolas se ha reducido en más de 14.000 reclusos desde 2009, el Ministerio del Interior que dirige Juan Ignacio Zoido gastará más dinero que nunca en contratar 800 vigilantes. En concreto, 34.666.869 euros, según se recogen en la resolución por la que se adjudica el concurso del denominado "servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios". Una cifra que supone un incremento de cerca del 4% respecto a la anterior licitación.

El PSOE, pese a los plenos de investidura, no ha paralizado su actividad parlamentaria y tiene previsto presentar, esta misma semana, varias proposiciones de ley. Una de ellas defiende la contratación directa de los ex escoltas del País Vasco que protegieron a autoridades políticas antes del fin de ETA. En abril de 2014 se aprobó la llamada Ley de Seguridad Privada, que permitía la contratación de vigilantes privados para las cárceles del Estado. La medida, que se empezó a aplicar ese mismo verano, se justificó asegurando que era una fórmula?..

El Gobierno estadounidense ha anunciado su decisión cancelar en el plazo de cinco años los contratos que tiene establecidos con los centros penitenciarios privados que existen en el país.

El juez Mark Ciavarella ha sido sentenciado a 28 años de prisión por vender literalmente niños a partir de 10 años y adultos a las instituciones penitenciarias privadas de su país, aceptando dinero a cambio de dictar sentencias condenatorias. Unas 4000 sentencias de este juez han sido revocadas por la Corte Suprema por violar los derechos constitucionales de los acusados.

El Ejecutivo ha tomado la decisión de extender este sistema a todas las cárceles tras analizar el proyecto piloto puesto en marcha el pasado año en 21 de centros penitenciarios.

Interior contratará guardias privados para vigilar el perímetro de todas las cárceles El Ministerio del Interior ha decidido extender a todos los centros penitenciarios de España la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral

Los inmigrantes detenidos piden mejores condiciones de vida, que se les pague más de US$1 diario por su trabajo y que bajen los abusivos precios del economato de la cárcel. También denuncian las continuas deportaciones y las condiciones “inhumanas” en el centro de detención, operado con fines de lucro por la compañía GEO Group Inc.

El Ejecutivo ha firmado un contrato con ocho empresas para que se hagan cargo de la seguridad perimetral de 21 centros penitenciarios sustituyendo a agentes de Policía por vigilantes privados, tal y como ya ocurre con la Guardia Civil. Los casi 7.400.000 euros de la licitación suponen un coste un 200% superior al de la seguridad pública.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha admitido que existe un proyecto "temporal" en el que, "determinados vigilantes privados coadyuvan con la Guardia Civil, amplían, no sustituyen en ningún caso la seguridad perimetral de algunos centros penitenciarios".

Tenían que haber empezado ayer 1 de abril, pero no aparecieron durante todo el día para vigilar las dos cárceles de Zaragoza tras la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios acordada por el Ministerio de Interior, por lo que la Guardia Civil tuvo que seguir haciendo estas tareas. Las órdenes remitidas a la Guardia Civil de Zaragoza anunciaban que este primero de abril vigilantes privados comenzarían a asumir las tareas de control de los accesos, el perímetro de las instalaciones y los sistemas de videovigilancia.

La privatización llega a las puertas de las cárceles españolas. A partir del 1 de abril se incorporarán a 21 centros penitenciarios (19 custodiados por la Guardia Civil y otros dos por el Cuerpo de Policía Nacional) vigilantes de seguridad privada que serán en principio un “refuerzo” a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, según recoge el documento que la Dirección General de la Guardia Civil ha enviado a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria.

Asegura que el Ministerio ya ha concedido a 'Ombuds' el control de las cárceles de Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca, Castellón y Huelva

Aunque EEUU solo tiene el 5% de la población del planeta, en sus cárceles está encerrado el 25% de la población mundial encarcelada.

El cadáver de Philipp García fue hallado en su celda con una bolsa de plástico en la cabeza y un punzón bajo un muslo el 13 de noviembre de 2004. La noche anterior fue objeto de maltrato e insultos por parte del vigilante Manuel Antonio Dorta A. quien le acusaba de ser un chivato y de que hubieran trasladado a un compañero suyo a Las Palmas. Lo agredió y lo insultó tras abandonar su puesto en el módulo 2 en siete ocasiones. Los otros dos acusados fueron testigos de estos hechos y no intervinieron ni dieron parte de los mismos.

El plan dará empleo a escoltas del País Vasco y Navarra. Se ocuparán de la vigilancia del perímetro exterior o el control de las cámaras. El mando seguirá a cargo de agentes de la Guardia Civil

Abre la posibilidad a que la seguridad privada se encargue de la seguridad en centros penitenciarios.

El secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, ha planteado este jueves en el Congreso de los Diputados la posibilidad de paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en los centros penitenciarios. "Lo único que hacemos es poner ingenio y quiero decir, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado, que no queda más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada", ha dicho Ulloa ante la Comisión de Interior de la Cámara baja.

El PP ha asegurado que el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, estaría ahora mismo en la "cárcel" y respondiendo como "culpable" ante los tribunales penales por un concurso de acreedores si en vez de una administración pública, como es la Junta de Castilla-La Mancha, hubiera gestionado una empresa privada.

Casi 5.000 niños en Pensilvania fueron hallados culpables, y 2.000 de ellos fueron encarcelados por dos jueces corruptos que recibieron sobornos de empresas constructoras y propietarias de cárceles privadas que se beneficiaron de los encarcelamientos. Los jueces Mark A. Ciavarella Jr. y Michael T. Conahan recibieron 2,6 millones de dólares en sobornos por enviar a prisión a niños. El caso ofrece una mirada extraordinaria a la vergonzosa industria de las cárceles privadas que está floreciendo en Estados Unidos.

El lobby de las cárceles privadas presiona para que se encarcele cada vez más gente.

Manifestantes afiliados al movimiento “Ocuppy Wall Street” realizaron una concentración en las afueras de la conferencia de GAIM, el gran evento de la industria de inversiones en Florida, para protestar por la implicación de las corporaciones financieras en los sistemas de cárceles privadas en EEUU. “Hoy es el día nacional de acción para llamar la atención a las compañías de inversión y banqueros que están haciendo miles de millones de dólares en la detención de inmigrantes”

El yoyas recibirá la visita de su familia en prisión: "Está encantado con la comida, si lo llega a saber no lía todo esto de ser prófugo"

Las cuentas enviadas por el partido a sus militantes revelan que en 2023 transfirió 2,5 millones hacia su 'think tank' y en 2024, algo más de uno

Si tu empresa no estuviese obligada a pagar las cotizaciones sociales, costes de formación, etc. Tu sueldo seguirían siendo esos 3100. Pero tú tendrías que pagarte un seguro. fmado: un autónomo. PS: os hacéis los tontísismos para que piquen los verdaderamente tontos.

"Sí, allí se produjeron actividades ilegales, pero vamos", escribió el aspirante a la presidencia denunciando la draconiana sentencia de Ulbricht. RFK Jr. aludió al carácter draconiano de las dos cadenas perpetuas impuestas a Ulbricht por lo que calificó de "alojamiento de una plataforma de comercio electrónico", y compartió una petición para exigir la excarcelación del fundador de Silk Road.

La Fiscalía calcula que, a fecha de junio de 2022, el periodista contrajo una deuda con Hacienda de 3,2 millones de euros y le acusa de un delito de frustración de la ejecución -antes denominado alzamiento de bienes-. Por ese delito pide para él 4 años y 6 meses de prisión, una multa de 31.500 euros y el pago de una indemnización a la Agencia Tributaria de 1,3 millones de euros, que presuntamente habría evadido entre 2011 y 2014.

Un hombre, residente en Puerto de la Cruz, Tenerife, acusado de un delito de incitación al odio por verter comentarios en una red social, principalmente contra Israel y el sionismo, pero también contra Estados Unidos y contra la Iglesia Católica, ha aceptado una pena de dos años de cárcel. La sentencia de conformidad ha sido adoptada en el transcurso de una vista oral celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El procesado acepta participar en cursos contra la discriminación y a favor de la igualdad.

El único acusado aceptó los hechos y llegó a un acuerdo. No tendrá que ir a prisión si no vuelve a delinquir en dos años