La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y los consejeros del Gobierno (PP) han renunciado al incremento retributivo de casi un 20% recogido en el proyecto de ley de los presupuestos de Cantabria para 2024 tras el clamor popular, la presión social y las críticas desde la oposición formada, precisamente, por los anteriores socios del Gobierno de Cantabria (PRC y PSOE), que durante 16 años no aumentaron nunca sus salarios.

La presidenta pasa de 65.555 euros a cobrar 77.634, mientras que su equipo incrementa su nómina de 62.575 a 74.582 euros

Este jueves, el Gobierno del Partido Popular (PP) en Cantabria ha dado a conocer la lista de los 39 directores generales de esta legislatura. Entre los nombramientos destaca el de Héctor Moreno, exjefe superior de la Policía Nacional en la región entre los años 2017 y 2021, quien asumirá el puesto de director general de Seguridad y Protección Ciudadana. La sentencia de la Audiencia de Madrid que condenó a Moreno y le sentenció a 48 años de inhabilitación y 6 meses de arresto por torturas y detención ilegal de 7 personas.

La Audiencia Nacional considera que la sociedad creada no aporta valor añadido a su actividad, lo que le permitía eludir tipos impositivos más elevados de IRPF.

Según reconocen fuentes de RTVE, "de común acuerdo con la productora y por la cláusula que firmamos hemos decidido ponerle fin. Sin embargo, había contratado un mínimo de 13 programas". El cuarto programa no se ha pagado ni tampoco ha habido ninguna indemnización. Sin embargo, RTVE sí va a pagar "gastos de producción derivados de esos 10 programas que faltan para alcanzar los 13 acordados". Desde varias productoras consultadas muestran su sorpresa absoluta por este pago por programas que no existen y por tanto que no van a generar ningún gasto

A TVE se le ha terminado la paciencia muy pronto. La cadena pública ha decidido cancelar "Así de claro", el polémico programa de debate presentado por Ernesto Sáenz de Buruaga en La 1 tras no haber alcanzado "los objetivos esperados de audiencia". El espacio, estrenado hace tres semanas no ha conseguido cosechar audiencia y desde su primera emisión ha obtenido datos muy discretos: ayer mismo el programa registró en su tercera entrega un 5,1% con solo 704.000 seguidores, seis décimas y 102.000 espectadores menos que la semana pasada.

Como ha denunciado reiteradamente UGT, el programa de Buruaga es “ilegal” al “atentar contra la Ley 17/2006 de 5 junio de la radio y la televisión de titularidad estatal en su artículo 7 apartado 5″ donde se establece que “la Corporación RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determine el mandato marco”. La dirección se saltó la ley adjudicando el debate de Buruaga a una productora externa englobando el programa no en el área de informativos sino de ocio.