El Ayuntamiento de Finestrat, gobernado por el popular Juan Francisco Pérez Llorca, adjudicó el pasado 17 de noviembre un contrato de asesoría jurídica al despacho de David Serra, exdiputado autonómico del PP condenado en el 'caso Gürtel' por delito electoral y por falsedad en documento público a tres años y ocho meses de prisión. Pérez Llorca es el actual secretario general del PP valenciano que lidera Carlos Mazón.

Mientras Ciudadanos intenta resucitar y anuncia su intención de concurrir a las próximas europeas, sus fundadores y antiguos dirigentes van encontrando acomodo en el sector privado, en su mayoría en puestos directivos, y dejan atrás sus carrera política y aquellos tiempos en los que soñaron con desbancar a los partidos tradicionales. La última en sumarse a esa lista de ex que huyen de la política es Inés Arrimadas.

Un socio del bufete Cremades envió a los obispos un supuesto borrador del informe final de más de 2.000 páginas, muy benévolo con la institución y que minimizaba el número de casos. Era un documento que había realizado por su cuenta y sin consultar al resto del equipo. Fue despedido del bufete el mes pasado. Esto obligó a la comisión a rehacer todo el estudio, mucho más crítico con la Iglesia. El socio despedido es Alfredo Dagnino, expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), trabajó para Intereconomía, COPE, Radio Maria...

Los responsables del bufete de abogados consideran que el tesón y la proactividad de Cantó son justo lo que necesitan en este momento.

Dos años ha durado la relación del despacho Martínez-Echevarría y Albert Rivera, el exlíder de Ciudadanos. Fue en marzo de 2020, tras el batacazo que la formación sufrió en las elecciones de noviembre de 2019, cuando el bufete anunció a bombo y platillo la llegada del expolítico como presidente ejecutivo. Un fichaje que entonces llamó la atención en el sector legal porque Rivera apenas contaba con un par de años de experiencia en la asesoría jurídica de La Caixa.

"Habrán de ser los tribunales de Justicia los que diluciden las pretensiones (en este caso fantasías) de sus representados", ha contestado Martínez-Echevarría a Rivera y Villegas, según El Confidencial.

El expresidente del Gobierno valenciano del PP entre los años 2003 y 2011, Francisco Camps, ha dejado de formar parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que integraba hace 10 años como miembro nato con un sueldo cercano a los 60.000 euros anuales.

La noticia de que será este bufete quien lleve a la defensa de Juan Carlos I llega después de que el Ministerio Fiscal informara el pasado viernes de que se han cursado diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, para avanzar en las diligencias en torno al Rey emérito y poder "confirmar o descartar" los indicios delictivos que ya tiene sobre el origen de la fortuna de Juan Carlos I o "incluso abrir otras vías de investigación".