Rápida resolución de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción sobre un caso en el que el Ayuntamiento de Madrid ocultó información a los concejales de la oposición. El organismo asegura que no puede pronunciarse por “no tener competencia” acerca de la entrega de un expediente con gran número de hojas en negro y multitud de datos deliberadamente tachados que fue entregado a un edil del PSOE el pasado mes de abril. No procede pronunciamiento alguno por parte de esta oficina, que no es un órgano jurisdiccional”, explica la resolución

Uno de los casos más llamativos estudiados por esta institución, que sigue alabando a día de hoy el ejecutivo de Moreno Bonilla pese a que otros gobiernos autonómicos del PP como el de Baleares han anunciado su cierre inminente, es el del actual director general de Pesca y Acuicultura de la Junta, José Manuel Martínez Malía. La Oficina Andaluza Antifraude determinó el pasado enero que existen indicios de incompatibilidad por compaginar su condición de alto cargo de la administración andaluza con la de apoderado de una empresa pesquera

La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto un expediente por posible fraccionamiento de contratos del bipartito de gobierno de Elche. Se trata de las facturas que denunció el PSOE en el pasado mes de enero, y que puso en contacto de la agencia, que ha decidido abrir expediente para ver si finalmente procede una investigación. La denuncia viene por facturas por valor de 56.000 euros para compra de flores en un mes y medio, a finales de 2023.

Las facturas que presentaba a su propio ayuntamiento el exalcalde popular de Algimia de Almonacid, Rafael González, eran tan sospechosas que tanto el PP —su partido— como el PSPV-PSOE, en la oposición, forzaron su renuncia en junio de 2022, tras prácticamente cinco mandatos consecutivos al frente del consistorio. Los socialistas, además, denunciaron los gastos “disparatados” ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), al tratarse de una localidad castellonense de apenas 249 habitantes.

El PSPV cree que PP y Vox maniobran para eliminar la Agencia Antifraude. A la propuesta realizada por una asociación de un candidato próximo a Eduardo Zaplana para dirigir el ente público se suma la amenaza de la extrema derecha, que ha apuntado que quiere negociar con sus socios de Gobierno cambios sustanciales en ella, incluso la eliminación.

El proceso para la elección de director de la Agencia Antifraude se aventura tan agitado como se preveía y con un resultado difícil de vaticinar ante el riesgo de bloqueo. Este miércoles finalizaba el plazo para presentar candidatos que releven a Joan Llinares, cuyo mandato acaba, según la ley, el próximo junio, justo cuando se cumplen siete años al frente de este puesto que no se puede renovar.

La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) aprecia “posibles indicios de infracción” en la trayectoria de Casto Ortiz, quien hasta el martes 18 de julio ocupaba el cargo de director económico-administrativo y de servicios generales del área de gestión sanitaria de Osuna. Por esta razón, la OAAF ha resuelto trasladar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) el cometido de estudiar el caso y de adoptar “las actuaciones que procedan para restituir la legalidad o reparación del daño causado”

La Comisión Europea abrió este jueves un procedimiento de infracción a España y otros siete países por no haber incorporado correctamente en su legislación nacional las normas europeas para evitar el fraude con el presupuesto comunitario, algo que tenían que haber hecho antes de julio de 2019. Croacia, Finlandia, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Rumanía tampoco han transpuesto correctamente esta directiva, que armoniza las definiciones, sanciones, reglas sobre jurisdicción y los plazos de prescripción en el Derecho penal

El gobierno municipal de Valencia rechaza devolver los 772.000 euros cobrados por ocho ediles del ejecutivo el pasado mandato en forma de complementos salariales fuera de la ley, como confirmó la Agencia Valenciana Antifraude.

Incluye rebajas de los pagos en efectivo y la prohibición de las amnistías fiscales. El Congreso ha culminado este miércoles la tramitación parlamentaria de la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, tras avalar todos los cambios realizados por el Senado, incluyendo la limitación hasta final de año de la congelación del impuesto de matriculación, pactada por el PSOE y el PDeCAT.