El Ministerio Público del Supremo decidirá ahora si eleva el escrito contra el dictamen que exoneró al clan tras la operación Repesca . La acusación sostiene que lavaron ingentes cantidades de dinero a través de testaferros, empresas en paraísos fiscales e inversiones en el extranjero.

Según se desprende del recurso de casación,se ha podido saber que el abogado del Pequeño Nicolás fue Manuel Marchena Perea, hijo del polémico juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Asimismo, ponente de la causa es Eduardo de Porres, con claros vínculos con el PP tanto él como su entorno. Él es colaborador del FAES -la fundación de José María Aznar-, su mujer milita en el PP y su hijo en Nuevas Generaciones (NNGG).

Según consta en el relato de hechos probados que hace el fallo de la Sección Segunda, el 4 de septiembre las dos chicas se encontraban en un pub de la localidad con los dos procesados y, cuando cerró el local, las invitaron a tomar una copa en su domicilio. Allí ocurrieron los hechos que fueron objeto del juicio después de que el novio de una de las chicas las convenciese para que denunciasen. Posteriormente, se dirigieron a Urgencias para ser examinadas por un médico.

La abogada María Massó acusa a la Fiscalía de abordar los hechos de “forma sesgada” para mantener tesis irrazonables en la fase final del juicio sobre el supuesto origen ilícito de la fortuna del ex director gerente del FMI

Fiasco en el juicio a los miembros de la banda motera de los Ángeles del Infierno que traficaban con marihuana y hachís desde Noreña y Oviedo. Ocho de los acusados han tenido que ser absueltos por la Audiencia Nacional debido a un flagrante error judicial. Un Juzgado de Siero tendría que haberles tomado declaración, en noviembre de 2016, cuando fueron detenidos, pero es que luego se dejó caducar la instrucción en julio de 2018, de forma que, cuando se les tomó declaración en 2019 ya no podían realizarse más diligencias de investigación.

El Tribunal de Apelación de Roma ha absuelto a un hombre que ha pasado casi 33 años en la cárcel, donde cumplía una condena a cadena perpetua por un triple homicidio cometido en 1991, tras ser retirados los cargos en su contra "por no haber cometido el hecho".

Vanessa Mendoza Cortés había sido acusada de difamar a las autoridades tras presentar en la ONU un informe sobre los derechos de las mujeres en su país. Abortar en Andorra está prohibido en todos los supuestos, una situación excepcional en la Unión Europea. Stop Violenciès cree que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión y que se ha sometido a la organización y a su presidenta a un “linchamiento”.

Una juez de Almería ha absuelto a un hombre que se enfrentaba a un año de prisión por quebrantar una orden de alejamiento debido a que se quedó quieto y a la espera de un taxi tras coincidir fortuitamente con su expareja en un pub de la provincia almeriense.

Pau Rigo, el jubilado que mató al ladrón que entró en su casa de Porreres, ha sido absuelto del delito de homicidio por la Audiencia de Palma tras el controvertido fallo del tribunal del jurado.

Pero eso no es todo. Acompañadme en este hilo de la vergüenza jurídica. Por si no recordáis el caso, en marzo de 2021, en pandemia, 14 jóvenes decidieron hacer una fiesta reuniéndose varias personas a pesar de las restricciones por la pandemia que lo impedían. Así que la policía se dirigió al lugar y entraron con un ariete sin orden judicial. Por mucho que la fiesta fuera ilegal por las restricciones en pandemia, esa infracción era administrativa, no un delito penal, por lo que: 1. No hay delito flagrante que justifique la entrada de la policí

El juzgado entiende que no hay “prueba de cargo suficiente” para desvirtuar la presunción de inocencia de Castro. De hecho, solo incluye en el relato de hechos probados que aquel 30 de noviembre Oubiña se personó en el cuartel de la Guardia Civil para denunciar al otro concejal y que este último “suele ir” a la cafetería en el que el denunciante aseguró haber sido amenazado. La única prueba aportada sería el testimonio del denunciante, insuficiente en este caso, argumenta la jueza. Las costas fueron declaradas de oficio .

Un hombre ha asesinado a puñaladas la madrugada de este lunes a su hija de cinco años y a la madre de la pequeña, de 25, en su vivienda del número 62 de calle Jacobeo, en el distrito de Carabanchel, en Madrid. La mujer había estado incluida en el sistema VioGen y su pareja había tenido en el pasado una orden de alejamiento, pero ambas medidas se retiraron tras una sentencia absolutoria hace ahora un año, cuando la mujer se desdijo en pleno juicio de sus acusaciones contra su pareja por una paliza anterior.

Los magistrados consideran “lógica y racional” la prueba efectuada y su valoración: “El tribunal no ha omitido la valoración de ninguna prueba relevante, pero considera que el relato de la menor presenta una serie de deficiencias que no suplen, ni pueden ser suplidas, por testimonios de referencia”.

La sentencia de la Audiencia, avalada ahora por el TSJM, señala que los ocho acusados que participaron en la protesta "no entraron" en la mezquita de la M-30 "ni lanzaron botes de humo a su interior, marchándose sin proferir amenazas e insultos contra los musulmanes" sin que se produjeran daños personales ni materiales. Y respecto a los otros cuatro acusados señala que no ha quedado suficientemente acreditado que participaran en la misma.