Entre los miembros de la agrupación territorial de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), coliderada por una prima de Alberto Núñez Feijóo y que busca la “transformación del sistema sanitario” en líneas empesariales, figura Mariluz Marqués, gerente de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y esposa del exconsejero Darpón. Con los objetivos concretos de “promover la formación y desarrollo de los equipos directivos en Euskadi” y “liderar el impulso de la profesionalización de los equipos directivos y la Gestión Sanitaria”

"Hacer ley el lema que tanto han repetido en años de lucha las mareas blancas: la sanidad pública no se vende, se defiende". Ese es el espíritu, en palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, de la futura norma de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Cuando vea la luz verde pondrá "coto", añadió, al "lucro incesante de las diferentes formas de gestión" sanitaria y dará a su vez "carpetazo" a la normativa que hasta ahora había permitido el "beneficio obsceno" de las empresas privadas.

"Hoy sacamos a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que va a poner coto a este lucro incesante que han ido abonando las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad”, ha anunciado García, asegurando que esta “será un carpetazo a la ley 15/1997 que abría la puerta a modalidades que han deteriorado nuestro sistema nacional de salud”. La ministra de Sanidad se compromete, de esta manera, a dar cumplimiento a uno de los puntos contemplados en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar.

Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía son las comunidades que, como viene siendo habitual en los últimos años, más tiran de la sanidad privada, según el informe presentado este miércoles por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que, en el extremo contrario, sitúa a Castilla- La Mancha, Extremadura y Navarra.

Casi cualquier indicador sanitario muestra cómo la asistencia privada va comiendo terreno a la pública. Es una tendencia que comenzó a principios de este siglo y que tomó fuerza tras la pandemia, con la saturación de la Atención Primaria y unas listas de espera cada vez más abultadas en el Sistema Nacional de Salud. Madrid y Baleares están a la cabeza de esta privatización, según un informe presentado este miércoles por la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

¿Sabías que… el Estado español es el único país occidental donde una entidad empresarial como la Mutua tiene el poder de decidir inicialmente si una lesión o enfermedad tiene el carácter de laboral?

La administración de Ayuso ha facilitado que pacientes, mayoritariamente de hospitales públicos tradicionales, sean trasladados a instituciones de gestión privada como una estrategia para disminuir los tiempos de espera, que promedian los 62 días y se pretendía reducir a 45, con los últimos datos conocidos ayer se ha incrementado hasta los 50 días. Este traslado no solo promete eficiencia, sino que también es lucrativo para los hospitales receptores, como el de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, y varios del grupo Quirón Salud

La Sanidad pública madrileña alcanza su peor dato histórico. En el resto de España más de 800.000 personas están esperando una operación.

No ha sido fácil trabajar esta Semana Santa en el Hospital 12 de Octubre para el personal encargado de mantener las camas en condiciones adecuadas, una situación que se ha repetido en estos últimos días. Y es que, tal y como denuncian desde el sindicato MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de Sanidad), la ropa de cama escasea hasta el punto de que se han visto obligados a elegir qué sabanas cambiaban mientras que algunas familias han llevado las suyas propias de casa, un problema que además, aseguran, “no es puntual”

Salud había presentado cinco expedientes de contratación sin publicidad para derivar más de 91.000 operaciones a la privada en cinco provincias, por un montante de 119,9 millones de euros ampliables, “como mínimo”, por otros seis meses y por más del doble del presupuesto inicial. Cada expediente venía acompañado de dos informes preceptivos del SAS, pero en aquella reunión del consejillo presidida por el titular de Presidencia, Antonio Sanz, la jefa del gabinete jurídico de la Junta planteó “la necesidad” de aportar un informe jurídico “compleme

Dirigido por investigadores de la Universidad de Oxford, se publica en 'The Lancet Public Health'. En general, la privatización puede reducir costos, pero a costa de la calidad de la atención. Ninguno de los 13 estudios longitudinales incluidos en la revisión halló efectos inequívocamente positivos en los resultados de salud. Incluso, en algunos estudios, niveles más altos de privatización hospitalaria se correspondieron con tasas más altas de muertes evitables.

- Paper (The Lancet, abierto): doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00003-3

El SAS seguirá con las plantillas de estos servicios, que gestionan las llamadas, fuera de su estructura a pesar de que el Gobierno andaluz se comprometió en 2019 a integrarlas en la administración pública. Esto significa que en el caso de Salud Responde el Gobierno andaluz pagará siete millones y medio de euros por cada año de externalización del servicio. Para el 061 la Consejería que dirige Catalina García destinará una cantidad que asciende casi a los 13 millones de euros anuales.

Según Compromís, el Gobierno de PP y Vox ha cambiado de criterio de liquidaciones sin reunir a la comisión mixta encargada de la materia de los criterios que las establecen. Se trata de las cuentas de los ejercicios de 2009 y 2010. Aquello que en abril de 2022, cuando gobernaba el Botánico, según los cálculos de la conselleria, daba un resultado a favor de la administración pública de 69,8 millones de euros, al producirse el cambio de gobierno se ve rebajado a solo 22,2 millones de euros, lo que supone perdonarle a Sanitas 47,6 millones.

dos nuevos convenios marco de más de 30 millones de euros con clínicas privadas para derivar a enfermos psiquiátricos, que han crecido un 18% en dos años, y a pacientes crónicos y pluripatológicos. La oposición de izquierdas ha sido muy crítica con el Gobierno de Juan Manuel Moreno por los acuerdos de concertación con clínicas privadas, que califican como una suerte de “privatización encubierta de la sanidad pública andaluza”. También han afeado a la consejera de Salud su resistencia a hacer públicos los datos de listas de espera.

El último informe de la FADSP demuestra que el aumento del gasto sanitario público responde a una mayor financiación del sector privado, mientras las listas de espera continúan y el número de camas disponibles disminuye.

Representantes de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) y del SERGAS han firmado un preacuerdo para que los facultativos que compatibilizan sus tareas profesionales entre la sanidad pública y privada comiencen a cobrar el Complemento Específico (CE). El preacuerdo establece que para que estos profesionales perciban el Complemento Específico se procederá a la reconfiguración de este concepto, de manera que los facultativos que compatibilizan su trabajo en la sanidad pública y en la sanidad privada cobrarán 180 € menos

Un descuido expuso las cuentas de un alto cargo en un hospital público: más de 100.000€ al año en pagos de la industria farmacéutica. España es uno de los países donde más dinero reciben

Colectivos ciudadanos llevan el concurso de adjudicación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para denunciar las irregularidades detectadas en el proceso al que solo concurrió una empresa.

El hospital público madrileño Virgen de la Poveda, ubicado en el municipio de Villa del Prado, vive en estos momentos un delicado proceso de transición. El gerente, Fernando Jou, acaba de mandar una carta a los trabajadores anunciando que se retira. “Me toca dedicarme a otras tareas, entre las cuales la más importante va a ser dedicar a la familia el tiempo que no les he dado, descansar y valorar a los que tengo cerca”, reza la misiva que ha escrito. Los tres directores que dependían de él tampoco están.

Los contratos, con un valor total superior a 16 millones de euros, han sido adjudicados 'a dedo' y forman parte del Plan de Garantía Sanitaria que presentó la Consejería de Salud en febrero

Impera la lógica capitalista, dejando a la gente desamparada en sus momentos más vulnerables. 45.000 estadounidenses mueren cada año como resultado directo de no tener seguro médico, 28 millones no lo tuvieron durante todo el año. Tener un seguro de cobertura baja es citado como uno de los principales motivos de haber acabado en la ruina, el 56% de los adultos en el país tienen dificultades para pagar sus facturas médicas con normalidad, y cada año alrededor de 530.000 personas se declaran insolventes debido a deudas con enfermedades.

Lo anunció Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea, sin previo aviso a los sindicatos, y como muestra de lo que la presidenta define como la "mejor sanidad de Europea". Pero dos meses no ha conseguido el objetivo. Al menos no totalmente. El incentivo de 500 euros extra para los médicos de los llamados "centros de difícil cobertura" solo ha conseguido atraer profesionales para cubrir una de cada cuatro vacantes en estos puntos de Atención Primaria donde, en algunos casos, faltan la mitad de los médicos previstos.

La peligrosidad de las guardias médicas de 24 horas está en estrecha relación con lo extenuante de las mismas para el personal médico: no hay cabeza ni cuerpo que aguante un destajo a tensión durante un tiempo tan prolongado. Y, por tanto, que no cometa errores de valoración cuando se le acumulan un número de horas. El que les escribe se ha manifestado con frecuencia al respecto, y detecta que hay un cierto acuerdo sobre el particular — no unanimidad, como ya veremos —. Lo difícil viene ahora.

“Los derechos de los consumidores siempre han avanzado a partir de grandes desgracias. En España fue el caso de la colza”. El periodista Andreu Missé (Barcelona, 1947), fundador y director de la revista Alternativas Económicas plantea que los derechos de los consumidores son la “pata coja del Estado del Bienestar”, y están lastrados porque son “derechos dispersos”. Su reivindicación es difícil precisamente por la atomización de los consumidores. De los derechos de los consumidores y de la larga batalla por su reconocimiento

Los recortes de Moreno Bonilla siguen destrozando el sistema sanitario público. Lo que un día fue la joya de la corona de Andalucía, hoy ha pasado a ser la peor sanidad de toda España. Las enormes listas de espera están costando la vida a muchos andaluces y andaluzas por no ser atendidos a tiempo. Es una auténtica vergüenza. Para tratar de parar este desatino, los sindicatos SATSE, CSIF, CCOO y UGT han convocado una huelga sanitaria en Andalucía para el próximo 26 de junio.

En el Korte de hoy hacemos una lectura, ¿Es suficiente el discurso de defender la sanidad pública? Aquí planteamos pasar al ataque, por que no denunciar que la Sanidad para el que se la pueda pagar, o dejar que se comercialicen seguros obligatorios «Lowcost» que lo pagues con la propia vida. Este tema da para mucho, y los medios viven en debates cómodos poco profundos.

“Lo que deberían hacer otras comunidades autónomas […] es ver qué funciona mejor en otras regiones y copiarlo […] Es bueno que entre nosotros compitamos”. Pero cuando la cuestión desborda el ámbito estrictamente tributario, la “sana” competencia que defiende Ayuso deja de ser virtuosa. “No tiene sentido que entre comunidades autónomas nos estemos quitando los profesionales sanitarios."

Shannen Doherty, que empezó en televisión con tan solo 10 años de edad, se ganó el cariño de muchos con sus papeles en series como Embrujadas o Sensación de vivir. Por ello, fueron muchos los que quedaron conmocionados después de que confesara tener un cáncer de mama en etapa 4, con metástasis en el cerebro. A esto se le ha unido la falta de ahorros que tiene para poder cubrir su tratamiento. Entre sus planes está pedir una manutención conyugal a Kurt Iswarienko, con el que estuvo casado desde 2011 a 2023.

La gestión sanitaria basada en el hormigón promovida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a hacerse patente esta semana con la presentación de la llamada Ciudad de la Salud, un remozado proyecto para abordar las obras de ampliación, sucesivamente postergadas, del hospital de La Paz, uno de los más importantes de la región.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy la nueva Ciudad de la Salud de la Comunidad de Madrid, que albergará las futuras instalaciones del Hospital público Universitario La Paz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y que la jefa del Ejecutivo autonómico ha calificado como “uno de los proyectos más importantes de esta legislatura, quizás el más”. Esta innovadora iniciativa, que cuenta con una inversión del Ejecutivo autonómico de 1.000 millones de euros, ofrecerá más de 550.000 metro

La Comisión Europea no tiene duda sobre la ilegalidad que advierte cometió España al prorrogar hasta el año 2048 la gestión de la autopista AP-9 y con ello extender sus peajes otro cuarto de siglo. En una carta enviada por el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, al Gobierno de España, como segunda advertencia en el procedimiento de infracción abierto por la citada prórroga, se indica que la prolongación de la concesión hecha en el año 2000 debió extinguirse tres años después, cuando José María Aznar privatizó la autopista.

La cartera común de servicios también amplía las prestaciones de salud bucodental, priorizando a la población infantil y juvenil, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y los pacientes con cáncer de cabeza y cuello.