La petición del Fiscal Anticorrupción de 19 años de cárcel contra el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se basa en el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Una actividad ilícita que el Ministerio Público concreta en la comisión de los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa.

La Fiscalía Anticorrupción no archiva la denuncia dando a entender que ve hechos punibles pero que por la naturaleza de los mismos no entran dentro de su ámbito competencial

La Fiscalía Europea acusó a la Fiscalía Anticorrupción de no haberle facilitado una parte de la información que tenía en su poder sobre las presuntas irregularidades para la compra de mascarillas de los Gobiernos de Baleares y Canarias.El organismo con sede en Luxemburgo destaca que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, al informar sobre la compra de mascarillas de Canarias y Baleares, no aludió "a la existencia de sospechas de irregularidades en tales contratos ni se acompañó de alguno o algunos de los informes que la UCO elaboró"

La investigación sobre la Operación de Catalunya se divide y se marcha a Madrid. La Fiscalía de Barcelona ha decidido enviar a la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, la denuncia del mayor Josep Lluís Trapero, contra la policía patriótica del PP, que lo acusó de falsos hechos delictivos, según consta en los papeles de la Operación Catalunya. La Fiscalía de Barcelona también ha resuelto que envía a la Fiscalía de Madrid la denuncia presentada, el marzo pasado -ante la difusión de nuevos audios del comisario José Manuel Villarejo-...

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular (PP) de la región, Esperanza Aguirre, acuda a testificar al juicio sobre la caja b de los populares madrileños. El ministerio público ha trasladado a la Audiencia Nacional esta motivación, fundamentada en lo vital del testimonio de la persona que dirigía el partido en el momento en el que se cometieron los presuntos delitos. De acudir a la vista oral, Aguirre podría encontrarse con antiguos pupilos como Francisco Granados.

Crónica Libre desvela ahora en exclusiva unos vídeos grabados dentro del Juzgado Central de Instrucción número 6 en los que se aprecia cómo el magistrado y los fiscales Anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa (sin presencia de la defensa) acuerdan el calendario, hablan de la «cobertura jurídica y planean los pasos a seguir: «Tendremos que ser muy precisos».

La fiscal, encargada del macrosumario sobre la trama Púnica, entre otros procedimientos, invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para tratar de obtener respaldo a su intención de practicar una serie de diligencias que el responsable no veía necesarias. Buscaba reclamar al juez que se dirigiera a la Agencia Tributaria y defendía que había indicios de revelación de secreros en esos emails, con datos de periodistas y políticos.

Si dentro de la policía existía una presunta organización liderada por Villarejo, junto con Juan Antonio González, José Luis Olivera y su amplia estructura de policías, los tentáculos dentro de la Justicia también fue crucial para la apertura de otras investigaciones que convenían a los clientes de Cenyt por ejemplo contra Ignacio González, Pérez Dolset o el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos. La misión de estos fiscales y jueces, dejar pasar los informes policiales fabricados con información falsa, al servicio, presuntamente, de clientes.

Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que informa sobre los hechos probados de que Naturgy Generación manipuló el mercado eléctrico con el objeto de incrementar sus beneficios. La asociación considera que la compañía podría haber incurrido en un delito contra el mercado y los consumidores. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha hecho pública una sanción de seis millones de euros a dicha eléctrica por realizar ofertas a precios excesivos en el periodo comprendido entre el…

Han pasado cinco días desde que Crónica Libre publicara en exclusiva que el fiscal Carlos Yáñez colaboró con «La Mafia» del Grupo Planeta desde Anticorrupción. Era un primer paso de un escándalo mayúsculo que salpicaba de lleno al departamento que dirige Alejandro Luzón. Pero no fue el último, ayer lunes, este medio publicó la prueba definitiva: el vídeo que muestra cómo los representantes del Grupo Planeta (editores de Antena 3, La Sexta, Onda Cero y La Razón) manipulaban pruebas dentro de la propia Fiscalía.

El relato del Ministerio Público, que reclama una condena de un año y nueve meses para la actriz sevillana, destaca que actuó movida por el "ánimo de oponerse a la actuación policial"

Asegura que "es claramente necesaria la determinación y precisión judicial, a efectos de garantizar la plenitud del derecho de defensa" El ministerio público incide en que "no existe resolución judicial que recoja [...] qué hechos se investigan"

Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Koldo rechaza entregar a la Fiscalía Europea esta causa, por lo que ha solicitado al Tribunal Supremo que decida en qué manos debe quedar la investigación de la misma. Moreno da así respuesta a la petición del Ministerio Público europeo, que a finales de mayo solicitó asumir íntegramente este procedimiento, debido a que podría afectar a fondos de la UE y a que este organismo supranacional considera la supuesta trama corrupta investigada como un único entramado.

Al acusado, que contrajo una deuda con Hacienda de 3,2 millones de euros, se le acusa de un delito de frustración de la ejecución mediante el envío de dinero a Suiza.

La citación se produce con la duda de si el empresario llegará a un acuerdo con el Ministerio Público para reducir la condena de cárcel a la que se expone por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental y evitar entrar en prisión. Fue la Fiscalía quien lo llevó a los tribunales después de que Hacienda detectara el fraude, tal y como informó en exclusiva elDiario.es.

El Ministerio Público del Supremo decidirá ahora si eleva el escrito contra el dictamen que exoneró al clan tras la operación Repesca . La acusación sostiene que lavaron ingentes cantidades de dinero a través de testaferros, empresas en paraísos fiscales e inversiones en el extranjero.

El juez que instruye la causa abierta por la filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha citado a declarar el próximo lunes como investigados a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, y al fiscal de la Sección de Delitos Económicos, Julián Salto.

El intercambio de mensajes confirma que el fiscal general dio la instrucción de remitir el comunicado para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez al departamento de prensa de la Fiscalía de Madrid, cuyo personal depende del Gobierno de Ayuso y que este se negó. Tras comunicar a la fiscal superior que la nota estaba consensuada con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y una vez que Lastra rechazó también en conversación telefónica mandar la nota de prensa, García Ortiz dio la instrucción a la fiscal superior de Madrid

penas 48 horas después de que Gabriel Le Senne, presidente del Parlamento de Baleares, protagonizara un episodio de tensión con otra diputada de la Mesa por la exhibición de una foto de una víctima de la Guerra Civil, el Gobierno ha trasladado a la Fiscalía una denuncia por un posible delito de odio. Así lo ha confirmado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática antes de comparecer en la comisión constitucional del Senado. «Tras los acontecimientos ocurridos hace 48 horas en el Parlamento de Baleares.

La Fiscalía Provincial de Castelló ha abierto diligencias de investigación al concejal de Movilidad del Ayuntamiento de la capital de la Plana, Cristian Ramírez, tras la denuncia presentada el pasado 30 de mayo por el grupo municipal socialista por el caso de las multas en zona azul presuntamente impagadas por el concejal del PP “por la falta de respuestas de la alcaldesa, Begoña Carrasco, y la inexplicable desaparición de 134 multas que podría no haber abonado el edil de Movilidad”.

el periodista Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, afirmó que buzos militares estadounidenses colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos durante los ejercicios Baltops de la OTAN, a mediados de 2022, que luego fueron activadas por los noruegos. La conclusión de los fiscales suecos es que "la jurisdicción sueca no se aplica" al caso y por este motivo "la investigación debe cerrarse".

La orden, que ocultó los resultados de su investigación interna sobre Lucho Roma a la justicia civil, admite que sus actuaciones fueron “negligentes, indolentes y nefastas”.

Solicita también que se le imponga una multa de 1.600 euros, e inhabilitación para ejercer su actual profesión durante cuatro años

El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido las declaraciones de varios cargos de Red.es que pretendía interrogar en calidad de testigos este domingo después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía la parte de la investigación que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha dejado sin efecto las citaciones del consejero delegado (CEO) de Red.es,

Álvaro García Ortiz recuerda al instructor de la causa contra los fiscales que él está aforado ante el Tribunal Supremo y que ya se ha hecho responsable de la nota de prensa desmintiendo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto entre la pareja de Ayuso y el fiscal del caso por fraude fiscal y falsificación de documentos de Alberto González Amador

La Fiscalía Europea ya ha reclamado al juez que instruye la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios parte de la investigación que afectan a fondos comunitarios, según confirman fuentes jurídicas a La Vanguardia. Se trataría de la parte que afecta a la UTE en la que participó el empresario Juan Carlos Barrabés, en favor de quien la mujer del presidente del Gobierno realizó dos cartas de recomendación.

La asociación denunció a la eléctrica ante la Fiscalía Anticorrupción tras conocer que la CNMC había multado a la empresa con más de seis millones de euros por realizar ofertas a precios excesivos entre marzo de 2019 y diciembre de 2020.

El juez instructor rechaza el recurso de la Fiscalía que pedía archivar el caso y defiende que no está realizando una investigación “prospectiva” sobre el comunicado con el que el Ministerio Público buscó desmentir informaciones falsas sobre la investigación a Alberto González por doble fraude fiscal