Los propietarios de la casa de la vecina del Pópulo piden suspender el desahucio previsto tras alcanzar un acuerdo para vender la casa a la Fundación Cádiz C.F.

La entidad compra a los propietarios su humilde vivienda en el turistificado barrio de El Pópulo y le hace a su inquilina desde hace más de 50 años un contrato indefinido por la misma renta que está pagando.

Joana Sales (Barcelona, 1977) pasó varios meses con hematomas en la cara, las muñecas y los dos brazos. Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2022. La joven, musicóloga y militante del Sindicat d'Habitatge del Raval, tenía previsto visitar a una amiga del barrio. El reloj marcaba las 21.00 de la noche y casi no había luz en las calles de la Ciudad Condal. Joana había salido poco antes de su casa y nada le hacía presagiar que acabaría la noche en comisaría. Los Mossos d'Esquadra trataban de desahuciar a su amiga cuando ella llegó.

Siete de cada diez desalojos entre enero y marzo de este año fueron por impago del alquiler, según datos difundidos este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, los lanzamientos practicados por ejecuciones hipotecarias, es decir, desalojos forzosas por impago de crédito, también aumentaron por primera vez en dos años, desde el primer trimestre de 2022.

"¿Qué Servicios Sociales son esos, que nos amenazan con que nos van a quitar a nuestros hijos en vez de sacar la cara por nosotros ante la Fiscalía?". Los Servicios Sociales de Sant Eulària des Riu les han comunicado que no hay más recursos para la familia. "Nos hemos comprado un coche este mismo lunes porque el viernes pasado en una reunión nos dijeron que este martes nos quedábamos sin alojamiento y que corríamos el peligro de que nos quitaran a nuestros hijos. Esto no va a pasar, antes nos vamos de la isla y lo perdemos todo..."

Varios colectivos se coordinan para frenar la cuenta atrás del desalojo de María, de 88 años y medio siglo de alquiler en El Pópulo, que tendrá que abandonar el 26 de junio la casa donde ha vivido desde 1967, porque su dueño ha proyectado hacer pisos turísticos allí. María, que tiene hijos y una pensión de 1.180 €, no puede adelantarse en una lista de demandantes de viviendas con familias en peor situación que la suya. Hasta en la precariedad hay niveles. Y esa es la angustia de la familia de María. Que no sabe qué va a pasar después del 26

Mari Carmen lleva viviendo en la misma casa, ubicada en el barrio madrileño de Ibiza, durante casi 70 años. Este viernes 31 de mayo podría quedarse en la calle al no poder asumir la subida del alquiler que reclaman los propietarios del edificio.

Fue desahuciado y acampó durante ocho meses en el Paseo del Prado de Madrid. Actualmente, se suma a la denuncia interpuesta por el movimiento Nadie Sin Hogar para reclamar protección y ayuda por parte de las administraciones.

La presión popular parece haber surtido efecto. El anunciado desahucio de María Muñoz, previsto para el 26 de junio para convertir su piso en vivienda turística, seguramente no tendrá lugar. Su hija agradece a Agustín Rubiales (constructor que ofrece un piso), a Antonio Gallardo, presidente de la plataforma de vecinos del Pópulo. Pero también destaca el apoyo constante del Ayuntamiento. El ayuntamiento, por su parte, intenta que se cancelen las solicitudes de viviendas con fines turísticos (VFT) en la ciudad de Cádiz. Pide quedarse 8 meses más

Se llama María Muñoz y tiene 87 años. El próximo 26 de junio, como máximo, será desahuciada de la casa en la que ha vivido 57 años, desde 1967, en alquiler. Con el barrio lleno de carteles y una creciente indignación vecinal, el Ayuntamiento trata de buscar alternativas imposibles. Su impacto, incluso en televisión, con colaboración municipal y una mención en el Parlamento de Andalucía, ha sido tan fuerte que ha causado una pequeña revuelta vecinal. "Será legal pero no es decente."

Cayó al patio de luces del edificio. Fue rescatado por los bomberos e ingresado en un hospital.

Hace dos semanas STOP Desahucios informó a Público del fallecimiento de Francisco de Regis, conocido como Patxi, uno de los desahuciados sin alternativa habitacional del Edificio Dignidad de Móstoles. Durante casi ocho meses, Patxi estuvo durmiendo en la calle pese a presentar un informe a la Administración que mostraba su estado de vulnerabilidad. "Tenía una incapacidad del 65%, varias enfermedades graves, cobraba una pensión de 480 euros al mes y aun así no lo consideraron vulnerable", lamenta José María Torralbo, portavoz de la plataforma.

Si no cumples con las imposiciones que te hacen, por ej., limpiar los baños, te castigan durmiendo fuera en la calle durante días, te quitan el abono de transporte que te subvencionan o no te dejan acceder al ordenador con el que buscas empleo. Estos son los castigos que sufren las personas vulnerables desahuciadas en los albergues que les ofrece la administración como alternativa habitacional. J. Mª Torralbo, portavoz de STOP Desahucios, asegura que los centros de acogida maltratan a las personas y son lugares "donde se vive muy mal".

José Antonio y Manolo llevan ocho meses alojados en el parque Cuartel Huertas de Móstoles tras haber sido desahuciados sin ninguna alternativa habitacional del Edificio Dignidad.

Stop Desahucios Córdoba han entregado en Madrid escritos a diversas firmas que tienen procesos abiertos con amenazas directas de lanzamiento de sus viviendas a familias cordobesas. La plataforma ha logrado iniciar conversaciones con alguno de los fondos e incluso algún compromiso por escrito para ello

El 17 de julio de 2023, 18 familias fueron desahuciadas de un edificio de Móstoles, propiedad del fondo buitre Midtown Capital SL. Sin alternativa habitacional y con la presencia de múltiples niños y enfermos, los vecinos decidieron acampar en un parque de la localidad madrileña de Móstoles, donde sufrieron, en forma de multa y amenazas, el hostigamiento y la persecución del Ayuntamiento y las fuerzas del orden. Aún así resistieron. Nueve meses después, tras vivir en a calle, sin luz ni agua, una de las 48 personas que fueron desalojadas

El hombre de 58 años vivía en Móstoles en el edificio La Dignidad, pero acabó en un parque a pesar de su mal estado de salud.

Abraham y Alejandra nacieron en Eivissa. Su hija y sus dos hijos también. Residen en la localidad de Santa Eulària des Riu de toda la vida. Toda su existencia pivota alrededor de este enclave del este de la isla, donde ahora estudian las menores, al igual que lo hicieron ellos. La familia se quedó en la calle de un momento a otro el día 22 de febrero, aunque los habían avisado el 30 de enero de que los iban a desahuciar si los servicios sociales del Ayuntamiento no expedían un certificado de vulnerabilidad. El informe se mandaba al juzgado el d

Ligia, una mujer al borde de la jubilación, pelea contra el fondo de inversión Cerberus y el Banco Sabadell para no ser expulsada de la casa que compró y tuvo que dar al banco tras problemas económicos.

En 2023 se produjeron más de 26.000 desalojos con orden judicial y la mayoría fueron casos de personas que vivían en alquiler, sin embargo no hay datos de los inquilinos que tienen que dejar sus casas después de que les exijan subidas de precios que no pueden asumir. Hay caseros que, de forma unilateral, deciden subir las rentas, bajo la premisa de “son lentejas”. Es decir, si quieres seguir en la vivienda que alquilas, te toca pagar más porque siempre habrá otro inquilino que sí esté dispuesto a pagar lo que se pide.