La Casa de Alba ya no tiene precintados los pozos sin licencia de su finca de Aljóbar, ubicada en término del municipio sevillano de Aznalcázar a tiro de piedra del parque nacional de Doñana. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha decidido retirar las medidas cautelares que impedían el uso de estas instalaciones, que son las mismas que están bajo sospecha –por su posible utilización para “riegos ilegítimos”– en la causa judicial abierta en la que se investiga un posible delito ambiental.

Israel suscitó la condena internacional después de que el ministro de Finanzas anunciara planes para reconocer legalmente cinco asentamientos judíos no autorizados en la ocupada Ribera Occidental. El portavoz del ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, dijo que el gobierno israelí acordó en un gabinete de última hora reconocer cinco asentamientos israelíes en la Ribera Occidental ocupada que fueron construidos ilegalmente y que Smotrich liberará fondos fiscales al Gobierno Autónomo Palestino que Israel recauda en su nombre.

La organización de conservación WWF ha hecho un llamamiento a las autoridades de Castilla-La Mancha y al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para que implementen estrategias efectivas que detengan la sobreexplotación de los acuíferos. En particular, se ha señalado la grave situación en las Tablas de Daimiel, donde la extracción ilegal de agua y el aumento del regadío agrícola han provocado una profunda sequía en este humedal de gran valor ecológico.

La Policía Nacional ha detenido hoy al empresario austriaco Christian Arnsteiner, propietario del Medusa Beach Club, local de s'Arenal en el que murieron cuatro personas y otras 16 resultaron heridas el pasado 23 de mayo al derrumbarse la terraza, que según la investigación se utilizaba de forma ilegal y había sido sometida a reformas irregulares. Está acusado al menos de cuatro delitos de homicidio imprudente y seis más de lesiones. Relacionada: www.meneame.net/story/derrumbe-restaurante-platja-palma-provoca-menos-

La Inspección de la Junta y la Guardia Civil impiden el desarrollo de más de un centenar de parcelas de 500 metros cada una. El rápido proceso de urbanización ilegal de esta zona, atractiva por su proximidad al núcleo urbano, ha sido frenada gracias a esta operación.La superficie de seis hectáreas, donde se realizaron movimientos de tierra, desbroce de la vegetación, soterramiento de un arroyo, apertura de caminos, eliminación de una hectárea de superficie forestal y la construcción de muros de bloques, con 70 construcciones iniciadas.

Javier Fernández Lanero, ha cargado este viernes contra Vox, partido al que ha acusado de «bloquear» la actividad parlamentaria en el mes de julio e impedir así la tramitación de distintas leyes. «Entiendo y asumo que un partido como Vox nació para bloquear, pero no entiendo que no haya nacido para trabajar», Vox es responsable de que no se habilite el trabajo en la Junta General del Principado afecta directamente a la tramitación de la ley autonómica para la creación de una red de 0-3 años, así como a la modificación de la ley de Turismo.

El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres

La Comisión Europea no tiene duda sobre la ilegalidad que advierte cometió España al prorrogar hasta el año 2048 la gestión de la autopista AP-9 y con ello extender sus peajes otro cuarto de siglo. En una carta enviada por el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, al Gobierno de España, como segunda advertencia en el procedimiento de infracción abierto por la citada prórroga, se indica que la prolongación de la concesión hecha en el año 2000 debió extinguirse tres años después, cuando José María Aznar privatizó la autopista.

El magistrado que ahora investiga a Begoña Gómez habló con el antiguo regidor y le solicitó que le dejara realizar las obras "ilegales" porque "había hecho mucho por el pueblo"

Unas 600 viviendas de uso turístico (VUTs) tendrán que echar el cierre en Santiago tras la decisión del ayuntamiento de no legalizarlas. Eso o volver al mercado residencial. La ordenanza que establecerá la relación entre el alquiler vacacional y la vivienda habitual deja sin posibilidad de encaje a todos los negocios que venían funcionando sin la preceptiva habilitación municipal, pero que confiaban ahora en una regularización que, según el gobierno local, debían haber tramitado en su momento oportuno. “Nos eliminan del mapa”, se lamenta la pre

Lo instructivo del caso del chalé de Peinado es comprobar hasta qué punto utilizamos varas distintas para medir la conducta de quienes encarnan los distintos poderes del Estado. Si tu actividad está encuadrada en el poder legislativo o el poder ejecutivo, ándate con ojo, sobre todo si eres de izquierdas, pues el más mínimo tropiezo puede costarte la carrera, y no solo a ti sino también a tus familiares más cercanos, particularmente si quienes investigan tu imprudencia son jueces tan sobrados de sí mismos como Peinado o García Castellón.

El Ayuntamiento de Barcelona está redoblando su presión sobre Booking para que deje de colgar tantos anuncios de alojamientos turísticos ilegales orquestados por mafias.Hablamos entre otras de las bandas de los rusos y también de los suecos con origen chileno que con una documentación muy convincente se hacen pasar por expats para engañar a los propietarios, alquilar sus inmuebles y convertirlos en pensiones clandestinas muy cucas.Además, últimamente muchos propietarios denuncian las dificultades de Booking a la hora de retirar los anuncios.

La Secretaría de Pesca de la Nación le aplicó una multa ínfima a los armadores del buque Tai An, que fue detectado pescando 175 toneladas de merluza negra en los mares del sur de nuestra Zona Económica Exclusiva, pero actuó la justicia y allí no hubo ni miramientos ni gestiones políticas que morigeraran la decisión. La justicia fue dura.

Una empleada estuvo décadas trabajando en la fábrica de Balaídos encadenando subcontrata tras subcontrata. Meses después de que pidiese que Stellantis la contratase directamente, fue despedida. Según figura en la sentencia de la Sala de lo Social del TXSG a la que ha tenido acceso esta redacción, los jueces ven probado, que la trabajadora recurrente llevaba trabajando en la fábrica de Stellantis en Balaídos desde 2004, es decir, 20 años. Eso sí, nunca había sido trabajadora de la multinacional del automóvil.