Una plataforma israelí de crowdfunding, IsraelGives, ha permitido a residentes estadounidenses donar millones de dólares desde el 7 de octubre a causas que incluyen asentamientos ilegales en Cisjordania, grupos paramilitares y unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) que operan actualmente en Gaza y la Cisjordania ocupada. Expertos jurídicos afirman que algunas de estas campañas pueden ser ilegales según la legislación fiscal estadounidense, pero que rara vez se aplica a los donantes a causas israelíes.

Los colonos religiosos extremistas afirman que tienen un derecho otorgado por Dios a la tierra en Cisjordania. Desde que comenzó la guerra en Gaza, la violencia contra los palestinos en Cisjordania ha aumentado drásticamente. Las Naciones Unidas dicen que los colonos mataron a ocho palestinos e hirieron a más de 84. Según cifras de la ONU, hay 700.000 personas viviendo en asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Estos asentamientos son ilegales según el derecho internacional.

El alto representante de la UE, Josep Borrell, ha abierto otro flanco de presión sobre Israel al criticar con dureza la intención del Gobierno de Benjamín Netanyahu de ampliar los fondos para los asentamientos ilegales. “Los asentamientos constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y son el mayor lastre para la seguridad de Israel”, ha expresado el jefe de la diplomacia europea en su intervención ante los 42 estados que forman para de la Unión del Mediterráneo, que se ha reunido en Barcelona, con la ausencia de Israel.

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU votó a favor de establecer un estado judío (al lado de un estado árabe) en la Tierra de Israel. Sesenta y nueve años más tarde, el 23 de diciembre de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de nuevo para tratar de salvarlo. Resolución 2334, que fue aprobado el viernes es una buena noticia, una brisa de esperanza, en el mar de la oscuridad y la desesperación de los últimos años.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que exhorta a Israel a cesar con los asentamientos ilegales en Palestina. La resolución se aprobó por unanimidad y con la abstención de Estados Unidos, lo que generó tensión en su alianza con Israel. ¿Cuál es la polémica con los asentamientos israelíes en Palestina? Sépalo en cinco claves.

La Inspección de la Junta y la Guardia Civil impiden el desarrollo de más de un centenar de parcelas de 500 metros cada una. El rápido proceso de urbanización ilegal de esta zona, atractiva por su proximidad al núcleo urbano, ha sido frenada gracias a esta operación.La superficie de seis hectáreas, donde se realizaron movimientos de tierra, desbroce de la vegetación, soterramiento de un arroyo, apertura de caminos, eliminación de una hectárea de superficie forestal y la construcción de muros de bloques, con 70 construcciones iniciadas.

El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres

La Comisión Europea no tiene duda sobre la ilegalidad que advierte cometió España al prorrogar hasta el año 2048 la gestión de la autopista AP-9 y con ello extender sus peajes otro cuarto de siglo. En una carta enviada por el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, al Gobierno de España, como segunda advertencia en el procedimiento de infracción abierto por la citada prórroga, se indica que la prolongación de la concesión hecha en el año 2000 debió extinguirse tres años después, cuando José María Aznar privatizó la autopista.

El magistrado que ahora investiga a Begoña Gómez habló con el antiguo regidor y le solicitó que le dejara realizar las obras "ilegales" porque "había hecho mucho por el pueblo"

Unas 600 viviendas de uso turístico (VUTs) tendrán que echar el cierre en Santiago tras la decisión del ayuntamiento de no legalizarlas. Eso o volver al mercado residencial. La ordenanza que establecerá la relación entre el alquiler vacacional y la vivienda habitual deja sin posibilidad de encaje a todos los negocios que venían funcionando sin la preceptiva habilitación municipal, pero que confiaban ahora en una regularización que, según el gobierno local, debían haber tramitado en su momento oportuno. “Nos eliminan del mapa”, se lamenta la pre

Lo instructivo del caso del chalé de Peinado es comprobar hasta qué punto utilizamos varas distintas para medir la conducta de quienes encarnan los distintos poderes del Estado. Si tu actividad está encuadrada en el poder legislativo o el poder ejecutivo, ándate con ojo, sobre todo si eres de izquierdas, pues el más mínimo tropiezo puede costarte la carrera, y no solo a ti sino también a tus familiares más cercanos, particularmente si quienes investigan tu imprudencia son jueces tan sobrados de sí mismos como Peinado o García Castellón.

El Ayuntamiento de Barcelona está redoblando su presión sobre Booking para que deje de colgar tantos anuncios de alojamientos turísticos ilegales orquestados por mafias.Hablamos entre otras de las bandas de los rusos y también de los suecos con origen chileno que con una documentación muy convincente se hacen pasar por expats para engañar a los propietarios, alquilar sus inmuebles y convertirlos en pensiones clandestinas muy cucas.Además, últimamente muchos propietarios denuncian las dificultades de Booking a la hora de retirar los anuncios.

La Casa de Alba ya no tiene precintados los pozos sin licencia de su finca de Aljóbar, ubicada en término del municipio sevillano de Aznalcázar a tiro de piedra del parque nacional de Doñana. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha decidido retirar las medidas cautelares que impedían el uso de estas instalaciones, que son las mismas que están bajo sospecha –por su posible utilización para “riegos ilegítimos”– en la causa judicial abierta en la que se investiga un posible delito ambiental.

La Secretaría de Pesca de la Nación le aplicó una multa ínfima a los armadores del buque Tai An, que fue detectado pescando 175 toneladas de merluza negra en los mares del sur de nuestra Zona Económica Exclusiva, pero actuó la justicia y allí no hubo ni miramientos ni gestiones políticas que morigeraran la decisión. La justicia fue dura.

Una empleada estuvo décadas trabajando en la fábrica de Balaídos encadenando subcontrata tras subcontrata. Meses después de que pidiese que Stellantis la contratase directamente, fue despedida. Según figura en la sentencia de la Sala de lo Social del TXSG a la que ha tenido acceso esta redacción, los jueces ven probado, que la trabajadora recurrente llevaba trabajando en la fábrica de Stellantis en Balaídos desde 2004, es decir, 20 años. Eso sí, nunca había sido trabajadora de la multinacional del automóvil.

En concreto, tal y como ha tenido conocimiento en exclusiva ElPlural.com, la justicia obligó al juez que lidera la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abonar la cantidad 75.366,61 euros a raíz de haber acometido las obras del chalet de lujo en su parcela (de 2.866 metros cuadrados de superficie) que aún a día de hoy figura en el Catastro Inmobiliario como un almacén.

El problema de los descartes ilegales de atún en el mar balear no cesa. La Fundación Marilles ha advertido, una vez más, de que existen barcos atuneros que arrojan al mar las capturas que mueren durante sus operaciones para que no se les compute en la cuota de pesca que tienen asignada cada una de las embarcaciones. «No queremos un cementerio de atunes en nuestras aguas. Es evidente que algo huele mal en el negocio de las granjas de engorde de atún»

La legalización o no de la vivienda; la existencia o no, de licencia de primera ocupación; la posible ausencia de saneamiento o la ilegalidad de la piscina; son asuntos de debate en la localidad castellanoleonesa desde antes 2007. De hecho, todavía a día de hoy, este asunto marca la agenda política y sirve de conversación cotidiana a los ciudadanos a raíz de la vivienda familiar del mediático juez cuya construcción, se paralizó en el pasado no pocos meses.

El Ministerio del Interior contabilizó en 2023 el número más bajo de denuncias del último lustro. Sin embargo, durante las elecciones catalanas, el presidente Juan Manuel Moreno vinculó la ocupación ilegal con la inmigración, algo que afeó a Vox en las andaluzas

Este documento es imprescindible para poder acceder al inmueble y debe ser expedido por el ayuntamiento correspondiente tras la petición de la promotora, Culmia en este caso. Fuentes jurídicas del consistorio de San Sebastián de los Reyes han confirmado a este periódico que ningún técnico emitirá la licencia mientras el proceso, al que la concesionaria ha presentado un recurso de casación, siga abierto y estiman que puedan llegar a alargarse varios años.

La Junta de Castilla y León, cuyos dirigentes se han mostrado públicamente en contra de la protección del lobo, está obligada por imperativo legal a asumirla, lo que incluye proporcionar información ambiental al respecto y la protección efectiva del cánido “presentando la correspondiente denuncia en Fiscalía cuando tenga los informes de necropsias de lobos que presenten indicios de muerte por causas ilegales (caza, venenos, lazos, capturas de ejemplares, etcétas)”.