Alberto González Amador compró en 2020 a la esposa de Fernando Camino esa firma, sin empleados ni apenas actividad, tras ingresar dos millones por mediar en la venta de mascarillas a la gallega Mape, administrada por el mismo directivo de Quirón.

El PSOE, que está personado en la causa, interpreta como “alguna clase de retribución a Fernando Camino” por los favores que le debe Amador. Se trata de la compra por parte de Maxwell, la empresa de Amador, de la compañía Círculo de Belleza S. L., propiedad de María Gloria Carrasco, la esposa de Camino. En diciembre de 2020, Maxwell pagó 499.836,92 euros por esta compañía a pesar de que su capital social era de solo 3.300 euros. Círculo de Belleza solo contaba con máquinas antiguas sin valor de mercado y relacionadas con tratamientos de belleza

La negociación entre Alberto González Amador, por una parte, y la Fiscalía y la Abogacía del Estado por otra ha derivado en un preacuerdo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso no solo admite, como en un primer momento, que defraudó a Hacienda por valor de 350.951 euros en dos ejercicios sino que también se sirvió de una trama de facturas falsas para ejecutar el engaño. En el escrito que plasma el principio de acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sentencia que acepta González Amador es de ocho meses de cárcel...

Las acusaciones populares han solicitado la ampliación del número de delitos imputados a González Amador, añadiendo cinco nuevas presuntas infracciones a la lista inicial

Las mismas fuentes explican que no ha sido hasta hace unos días que las acusaciones han podido acceder a la documentación obrante en la causa, y que recoge los indicios contra González Amador, en especial el informe de la Agencia Tributaria. Esto les ha impedido, continúan, estudiar con detalle el caso.

La citación se produce con la duda de si el empresario llegará a un acuerdo con el Ministerio Público para reducir la condena de cárcel a la que se expone por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental y evitar entrar en prisión. Fue la Fiscalía quien lo llevó a los tribunales después de que Hacienda detectara el fraude, tal y como informó en exclusiva elDiario.es.

El juez que instruye la causa abierta por la filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha citado a declarar el próximo lunes como investigados a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, y al fiscal de la Sección de Delitos Económicos, Julián Salto.

La propiedad del inmueble es de Babia Capital SL. administrada por el fiscalista que representó a González Amador durante la investigación de la Agencia Tributaria. Cuando la sociedad compró el ático de la séptima planta, sus dueños sabían que la presidenta y su pareja iban a vivir justo debajo. González Amador escrituró la compra en la sexta planta en julio de 2022, pero no acudió al Registro de la Propiedad hasta mayo de 2023. 48 horas después de registrar la compra de la vivienda, Babia Capital SL compró el ático de la séptima planta.

También se deja constancia de que la persona que se encuentra en la vivienda en el momento de la inspección prefiere no identificarse y que no dispone de ningún “título administrativo que habilite las actuaciones realizadas”. En ese momento ya se le advierte de que la realización de obras sin ningún tipo de permiso podría suponer una infracción urbanística y en su caso un ilícito penal. Al finalizar la visita esa persona, que rehúye identificarse, insiste en que hay registrada una declaración responsable

Tras intentar despistar a la prensa por todos los medios cuando acudió a declarar, Alberto González Amador no se ha ocultado para ratificar su querella contra los fiscales por revelación de secretos. Así ha reaccionado a la pregunta de laSexta.

Alberto González Amador tiene una cita el próximo lunes en los juzgados de Madrid. La pareja de Isabel Díaz Ayuso declara como imputado para explicar cómo es posible que consiguiera ingresar varios millones de euros durante la pandemia pero que su factura del Impuesto de Sociedades se mantuviera tan baja como en años anteriores.

El PSOE denuncia que la documentación que le ha entregado el Ayuntamiento sobre las obras en la vivienda de Alberto González Amador tiene muchos datos ocultos y folios parcialmente en negro. Otra fuente: www.eldiario.es/madrid/somos/ayuntamiento-madrid-amputa-expediente-abi

Por aquel entonces, el dueño y administrador único de Aerofalcon y la pareja de Ayuso figuraban en el directorio de la sociedad panameña Insumos Médicos del Pacífico. Esta empresa la creó a principios de 2013 en ese paraíso fiscal Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, el principal cliente de González Amador y una persona clave en el enriquecimiento de la pareja de Ayuso.

Mape Asesores, administrada por el jefe de Alberto González Amador en Quirón, se embolsó 4,7 millones por vender batas desechables a 2,52 euros la unidad en lo peor de la pandemia, un 37% más caras que la media, según el tribunal de cuentas gallego, lo que propició ese año la comisión de 2 millones de euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por intermediar en la compraventa de ese tipo de material en lo peor de la pandemia.

La filial de Quirón obtuvo 1,8 millones en contratos entre 2017 y 2020. Desde que González Amador inició su relación con la presidenta, la empresa sanitaria recibió casi 3 millones entre adjudicaciones y prórrogas. A medida que fueron creciendo los contratos entre Quirón Prevención y la Comunidad de Madrid, González Amador ha multiplicado por cuatro los ingresos que recibe de la filial de Quirón.

Los pagos de Quirón Prevención a la principal empresa de la pareja de Ayuso ascendieron a 722.180 euros en 2021 cuando se inició la relación. Es casi el triple respecto a los 275.273,83 euros que la sociedad de la pareja de Ayuso. A esos más de 700.000 euros hay que sumar otros 327.000 euros procedentes de Quirón que González Amador facturó en 2021 a través de una empresa pantalla sin actividad que recibió encargos adicionales del grupo sanitario.

El grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición no de ley para la creación de un nuevo impuesto sobre activos no productivos y la elaboración de un Plan de Lucha contra el Fraude. El principal partido de la oposición a Isabel Díaz Ayuso presenta estas iniciativas en el marco del estallido del caso de presunto delito fiscal que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.