Arnaldo se pronunció públicamente y por escrito contra la conocida como ley de plazos, a la que llegó a comparar con los decretos autoritarios de los zares rusos y a definirla como "la ocurrencia del momento". Aprobada bajo el Gobierno de Zapatero en 2010, fue recurrida de inmediato por el PP. Y lleva en la lista de espera del TC nada menos que 11 años.

El Parlamento portugués ha aprobado este viernes una nueva ley de la eutanasia, después de que el Tribunal Constitucional rechazara el primer texto a principios de este año. En esa ocasión, siete de los 12 jueces del tribunal consideraron que algunos conceptos de la ley estaban poco claros y la dejaban demasiado abierta a la interpretación de los profesionales médicos.

Se puede hablar en propiedad de un plusmarquista mundial, en la concepción de un cargo público como catapulta hacia el variado Código Penal. Y por tanto, es el mejor padrino para el flamante magistrado del Tribunal Constitucional, un Enrique Arnaldo que en el Congreso afrontó una mayor curiosidad sobre su vinculación con el policorrupto que sobre las indudables virtudes jurídicas que le han ganado el aval indisoluble de PP y PSOE.

El futuro presidente del Tribunal Constitucional, que según todas las previsiones será el magistrado Pedro González-Trevijano, maniobró en 2010 siendo rector de la Universidad Juan Carlos I con el también candidato a este órgano por el PP Enrique Arnaldo, para facilitar "algún vínculo académico" al entonces ya expresidente balear Jaume Matas. En ese momento, los dos últimos estaban siendo investigados en la 'macrocausa' Palma Arena. Relacionada: menea.me/24p6o

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha descartado este martes que el Gobierno vaya a reabrir del debate de sobre la prisión permanente revisable porque la sociedad "no merece" que se le genere incertidumbre y porque el Tribunal Constitucional "ya ha hablado". Llop se ha pronunciado así en la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta al senador del PNV Imanol Landa, cuyo partido mantiene la exigencia de derogar una medida aprobada en 2015 con el único apoyo del PP y que fue recurrida ante el Constitucional.

Desde marzo de 2020, Enrique Arnaldo forma parte del Consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, un nombramiento que fue propuesto por la Consejería de Presidencia, por entonces dirigida por María Eugenia Carballedo, actual presidenta de la Asamblea de Madrid y que, además, contó con la firma de Isabel Díaz Ayuso porque ese cargo debe ser ratificado por su Consejo de Gobierno. Y así lo hizo el pasado 11 de marzo de 2020.

La formación ultraderechista instó en abril de 2020 al Gobierno a "suspender" los cambios de custodia de menores para que permanecieran "hasta el término del estado de alarma" con el progenitor con que estuvieran en ese momento. Reclamó también "delimitar los casos" en que se considerase autorizada la prestación del servicio de peluquería a domicilio. Diez días más tarde, impugnó el decreto con el argumento de que vulneraba el derecho a la libertad de circulación y la de residencia y volvió luego a recurrir el segundo estado de alarma.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por mayoría la prisión permanente revisable al entender que constituye una pena proporcionada que no vulnera los principios de reeducación y reinserción recogidos en la Constitución. Rechaza, con los votos particulares de tres magistrados, el recurso de inconstitucionalidad impulsado por el PSOE contra la medida que fue aprobada en 2015 durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Hasta que no sean ratificados por el Parlamento en noviembre no podrán participar en los plenos del tribunal de garantías

Enrique Arnaldo anunció al expresidente de Madrid cuando ya estaba imputado por su ático de Estepona que se estaba "moviendo" para que el nuevo jefe del ministerio público fuera "bueno", pero le contó algo más: que el cambio en la Audiencia Nacional

El secretario general del Congreso y letrado mayor de la institución, Carlos Gutiérrez Vicén, ha avalado este lunes por escrito la decisión adoptada el pasado viernes por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de ejecutar la sentencia contra el ya ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez que comportaba la pérdida de su escaño, y lo ha hecho amparándose tanto en la aclaración realizada por el propio Tribunal Supremo como en la doctrina del Tribunal Constitucional.

Las palabras de cariño que la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dedicó a la magistrada Concepción Espejel en 2014 al imponerle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, refiriéndose a ella como "querida Concha", salen a relucir cada cierto tiempo como ejemplo de la politización de la Justicia .El presidente 'popular', Pablo Casado, ha defendido que con este pacto se ha "cumplido" la exigencia de su partido de "avanzar en la despolitización y el prestigio" de los candidatos.

No es un genovés cualquiera. Lleva años acumulando méritos para formar parte del Tribunal Constitucional. Trayectoria académica y profesional no le faltan. Es todo un referente en la sombra de los clanes judiciales y jurídicos que forman parte de la telaraña genovesa que tienen atrapadas a las máximas instituciones del Estado.

El Partido Popular ha anunciado este martes que recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir su recurso contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado alegando falta de legitimidad. A su entender, el PP tiene "plena legitimación" para recurrir ese nombramiento y "su absoluta falta de imagen de independencia".

En la demanda de amparo, los recurrentes alegaron que la repetición del juicio ordenada por el Tribunal Supremo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva de la garantía de interdicción del doble enjuiciamiento en relación con el principio de seguridad jurídica, en un supuesto en el que las penas en su día impuestas a los demandantes (prisión e inhabilitación especial) ya han sido cumplidas.

El Constitucional reabre una de las causas más conocidas de las protestas que se produjeron tras la sentencia del procés, en octubre de 2019. El tribunal ha revocado la decisión de un juez de Barcelona que archivó una querella por malos tratos interpuesta por un menor detenido contra agentes de la Policía Nacional. Según indica el auto, al que ha tenido acceso este diario, los magistrados consideran que no se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante, Guillem S., conocido como "el chico de la sudadera naranja".

El BOE de hoy recoge una resolución de la Delegación del Gobierno en Illes Balears que archiva 243 procedimientos sancionadores abiertos contra personas que incumplieron las prohibiciones de movilidad establecidas en el primer estado de alarma. Responde así a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el confinamiento del primer estado de alarma. En todos los casos, los procedimientos sancionadores se abrieron por desobediencia a la autoridad, una infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario de Vox contra varios preceptos de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

El Tribunal Constitucional ha anunciado este miércoles que avala la prisión permanente revisable. El pleno del Alto Tribunal ha respaldado la medida que aprobó el Gobierno del Partido Popular y ha tumbado los recursos que interpuso la entonces oposición (PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD, PNV y el Grupo Mixto). Según ha avanzado El Mundo, la tesis favorable a la medida, planteada por la magistrada Encarnación Roca, ha salido adelante por siete votos a favor y tres en contra.

La medida ha obtenido el aval del TC con siete votos a favor y tres en contra

El tribunal desestima los recursos del expresidente catalán y los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig

El Tribunal Constitucional ha decidido anular la suspensión de la actividad del Congreso y el Senado decretada en las primeras semanas del estado de alarma en 2020. Los jueces han decidido apoyar el recurso de Vox con seis votos a favor y cuatro en contra. El partido ultraderechista recurrió la medida después de pedir por carta a la presidenta de la cámara baja, Meritxell Batet, que anulase la agenda del Congreso.

El Tribunal Constitucional estudiará desde este martes en el pleno el recurso de amparo presentado por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont contra el auto del Tribunal Supremo que confirmaba la resolución del juez instructor del procés, Pablo Llarena, de mantener la situación de rebeldía del expresident y de los exconsellers en el exilio. En el mismo auto, el Supremo también ratificaba la aplicación del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal (LECrim)