El texto del reglamento de los fondos Feder, aún no definitivo, prioriza la lucha contra la despoblación. Por primera vez se abre la posibilidad de combatir la crisis demográfica a nivel provincial o municipal.

Uno de los problemas más importantes que tienen muchos países, y en particular España, es su bajísima tasa de natalidad. Es algo que arrastra ya desde hace años sin que ningún gobierno parezca no ya tomárselo en serio sino tenerlo en cuenta siquiera, a pesar de que a medio plazo tendrá una considerable repercusión socioeconómica. Pero el caso español no es único y, de hecho, se ha dado históricamente en otros sitios. Uno de los más singulares fue en la Unión Soviética de los años cuarenta, donde se trató de solucionarlo de un modo sorprendente:

Casi la mitad de las provincias de España han sido 'víctimas' de la despoblación y el 'desmantelamiento' económico en los últimos 70 años. La transformación de la economía nacional, desde un sistema productivo dependiente de la agricultura a otro más intensivo en industria y, ahora, totalmente dependiente del sector servicios (ya no tenemos apenas industria o agricultura sobre PIB), ha hecho mella en el poderío económico y demográfico de muchas regiones.

La despoblación en Castilla y León ya se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes a los que se enfrenta la Comunidad. De hecho, siete de cada diez municipios cuentan con una densidad de población inferior a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, un umbral por debajo del cual la Unión Europea ve un problema grave y a lo que denomina ‘desierto demográfico’. En cifras esto significa que, de las 2.250 localidades que forman el territorio, 1.585 están afectadas por una importante despoblación.