Intervención del diputado Rafael Mayoral en el pleno del Congreso de los diputados.

Lo más curioso es que el Tribunal Constitucional iba a dilucidar sobre un asunto capital cuando los mismos miembros del órgano llevan años caducados. Eso es como si un parlamentario quisiese votar en el Parlamento cuatro años después de acabar su mandato. Es absurdo que un jurista que ha terminado su mandato desde hace años pueda decidir sobre el futuro de él mismo en el Tribunal Constitucional.

Patxi López ha dicho que los miembros del CGPJ que se nieguen "a cumplir sus obligaciones" tendrán que "asumir responsabilidades".

Finalmente, los seis miembros del alto tribunal designados a propuesta del PP no se han atrevido este jueves a imponer lo que era un “golpe blando” a la democracia y han optado por aplazar su debate al lunes y permitir que el órgano que representa la soberanía popular, o sea el Parlamento, votara lo que considerase oportuno. La pregunta, o una de las preguntas pertinentes a esta hora del disparatado momento político, es: ¿no tiene nada que decir o hacer el jefe del Estado ante una crisis institucional de esta magnitud?

En la decisión que tiene que tomar el lunes el Constitucional sobre si aceptan o no el recurso del Partido Popular participan cuatro magistrados con el mandato constitucional caducado (entre ellos los dos recusados). Ya no deberían estar ahí sentados, y sin embargo, quieren decidir sobre su fecha de caducidad. Y es que hasta el momento no han renunciado a decidir sobre su propio destino, aunque podrían haberse apartado voluntariamente. Ahora son sus compañeros quienes tienen que valorar si tienen un interés directo en la causa

Buena parte de la prensa española hace aspavientos a raíz de la decisión de Tribunal Constitucional español (TC) de reunirse de urgencia para tratar el recurso del PP que reclama de parar el pleno del congreso español sobre la reforma legal sobre la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).(...) Ahora bien, la misma prensa no vio “burlas” ni “urgencia inédita” cuando el TC suspendió preventivamente el pleno del Parlamento de Cataluña

La amenaza de interferencia del pleno del Tribunal Constitucional (TC) a un debate en el Congreso de los Diputados - con el pleno de este jueves, que se ha atrasado a las 12 h, para analizar el recurso del PP para detener la reforma del Poder Judicial- ha escandalizado en Madrid. El Parlament de Catalunya, sin embargo, sufre esta interferencia desde la consulta del 9-N del 2014, y además a instancias de los partidos en el Gobierno, tanto del PP como del PSOE

El Tribunal Constitucional ha retrasado durante dos horas el pleno convocado de urgencia para estudiar las medidas cautelarísimas solicitidas por el PP para paralizar la tramitación de la reforma del poder judicial, por la que, entre otros puntos, se modifica el sistema de votación de los magistrados del tribunal de garantías, además de rebajar el delito de malversación y el de sedición.

En efecto, la Ley Orgánica del Tribunal permite recurrir en amparo laa decisiones o actos sin valor de ley emanados de las Cortes. El TC no va a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma, sino sobre la admisión o inadmisión del recurso de amparo y la suspensión cautelar del acto recurrido de forma cautelarísima hasta la admisión del recurso.Es más: si lo admite y acaba estimando el recurso, esta resolución no afecta a un eventual recurso de inconstitucionalidad sobre la ley una vez aprobada.Y si lo inadmite o desestima, igual.

Los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial han dado este viernes por rotas las conversaciones mantenidas para tratar de alcanzar un pacto previo sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional de cara al Pleno del próximo día 22.

Pedro Sánchez ha elegido a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y a Laura Díez, exdirectora general en Moncloa, como los dos magistrados que le corresponde proponer para el Tribunal Constitucional, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es. El Consejo de Ministros realizará los nombramientos previsiblemente este martes.

La negociación entre conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la renovación del Tribunal Constitucional sigue estancada por la sucesión de excusas y condiciones cambiantes del núcleo duro de vocales elegidos a propuesta del PP, que lleva más de dos meses dilatando unas designaciones que deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre. La última reunión de los interlocutores de ambos sectores, celebrada este miércoles, ha terminado sin ningún avance que permita aventurar un pronto desbloqueo.

Los vocales conservadores siguen sin poner un nombre encima de la mesa mientras ponen pegas al candidato de los progresistas.

Son eurodiputados y ejercen libremente. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), en sentencia cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido, ha desestimado el recurso de amparo formulado por el president en el exilio Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín en el cual cuestionaban la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), ratificada judicialmente, de no incluirlos en la relación de diputados electos comunicada en el Parlamento Europeo por no haber realizado el acatamiento a la Constitución

En 2021 logró que el Supremo anulara la venta de casi 3.000 viviendas sociales por parte de la Comunidad de Madrid, y este martes el TEDH resolverá si se discriminó a otro de sus clientes en un desahucio

Los nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que mostraban su rechazo hasta el momento a apoyar la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al órgano, han levantado su veto. En un comunicado hecho público en la noche de este miércoles, el grupo considera "imprescindible" reactivar las conversaciones con el sector progresista para encontrar a dos candidatos de consenso tras el fracaso de la negociación abierta entre el Gobierno y el PP para designar a sus sustitutos en el Consejo.

El ciudadano sueco Lars Gunnar Sune Brogerg, marido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, será juzgado, si su estado de salud lo permite, por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Es el resultado de la investigación de la Audiencia Nacional y en la que también está implicado su hijo, Joakim Broberg.

González Pons miente: "No se puede renovar el CGPJ sin renovar al mismo tiempo el Tribunal Constitucional". Con la llegada de Feijóo, el PP es una máquina de fabricar bulos que ya quisiera Trump.

Etarras, miembros de los GRAPO o incluso el considerado como preso más peligroso de España. Internos en las cárceles de Alcalá de Henares, Ocaña, Villabona o Herrera de la Mancha. Todos han acudido sin éxito al Tribunal Constitucional para impedir que los directores de las prisiones intervinieran sus comunicaciones mientras cumplían condena.

La reunión entre los vocales del CGPJ que negocian los nombramientos de dos magistrados del Tribunal Constitucional ha terminado otra vez sin acuerdo y sin fecha para un tercer encuentro, cuando el próximo día 29 se celebra un pleno que coincide con la visita a España del comisario de Justicia, Didier Reynders.El encuentro ha terminado como se esperaba, sin acuerdo, pues aunque los progresistas habían puesto sobre la mesa los nombres de nueve candidatos, el sector conservador insiste en que sigue sin encontrar a magistrados

El recurso se presenta contra la decisión de la Mesa de la Asamblea, controlada por el PP, de denegar 23 comparecencias de cargos del Gobierno sobre contratos relacionados con la gestión de la pandemia y que fueron firmados antes de las elecciones del 4-M.Ayuso y su equipo defienden que esas iniciativas de fiscalización deben circunscribirse a la acción de gobierno del Ejecutivo que está en el poder, pues este no puede hacerse cargo de lo que hicieron los precedentes, a pesar de que es la misma presidenta y el 70% del Gobierno es el mismo